4.2. 13 Cesión de intereses consorciales en los contratos celebrados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Consultante: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Fecha: 30 de agosto de 2017.

La Procuraduría General del Estado al atender esta consulta se refirió en primer término a los principios que rigen a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Losncp, así como los artículos 5 y 9 Ibídem que en su orden regulan la forma en que deben ser interpretados los contratos y los objetivos prioritarios del Estado en materia de contratación pública; asimismo, se revisó el artículo 78 de la LONSCP, el cual prohíbe en forma expresa a un contratista del Estado, ceder un contrato que ha sido suscrito al amparo de dicha ley.

Por otra parte, se procedió a analizar los artículos 25 y 67 de la Losncp que permiten la asociación de personas naturales o jurídicas para presentar ofertas dentro de los procesos de contratación pública realizados por el Estado ecuatoriano; al igual que el artículo 99 Ibídem que determina las responsabilidades derivadas de la oferta y del contrato que adquieren los miembros que han participado en asociación o consorcio, además de señalar que en caso de ser adjudicado el contrato, su ejecución es completa e indivisible por todos sus miembros, a efectos de precautelar los intereses de la entidad contratante.

Asimismo, se analizó la facultad legal de carácter normativo que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública en esa materia y la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 que contiene Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por dicha entidad, específicamente las disposiciones concernientes a la asociación para ofertar y los requisitos que debe contener el compromiso de asociación o consorcio, así como del contrato contenidas en sus artículos 31, 35 y 37.

Se analizó además los principios de oportunidad y legalidad contenidos en el artículo 4 de la LOSNCP y su aplicación al tema materia de la consulta, para finalmente examinar el artículo 63 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, que regula la transferencia o cesión de acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de una asociación, al establecer que la falta de autorización de la entidad contratante constituye causa para la terminación unilateral de los contratos celebrados con las instituciones del Estado.

Con el análisis antes señalado, este Organismo concluyó que de acuerdo al artículo 37 subnumeral 4.8 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-000072, el cambio de uno de los partícipes de un consorcio o asociación contratista que mantiene un contrato vigente con una institución del Estado, puede ser autorizado por la entidad pública contratante,  que para tal efecto tiene la responsabilidad de analizar si quien pretende sustituir a uno de los integrantes o partícipes del consorcio, cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos previstos en los pliegos que sirvieron de base para la selección del contratista a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento, bajo las mismas consideraciones que sirvieron para valorar la oferta que originalmente permitió la adjudicación del contrato. Lo dicho no exime a la otra empresa o persona integrante del consorcio o asociación de la responsabilidad solidaria e indivisible por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o su ejecución asignadas por el inciso segundo del artículo 99 de la Losncp.