1.2.1    Casos concluidos y con sentencia en firme

 

1.2.1.1       Familia Restrepo  Eusse contra el Magap, ventilado en procedimiento oral.

El 29 de julio de 1959 los ministros de Fomento y Previsión Social declararon de utilidad pública en procedimiento de expropiación una parte de la hacienda Leito ubicada en la Jurisdicción del cantón Patate, provincia de Tungurahua, propiedad de los cónyuges Marco Antonio Restrepo y María Teresa Eusse.

El 12 de febrero de 2016, 57 años después, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 (Quito), comparece el señor José Antonio Restrepo Toro en su calidad de  nieto y heredero de los cónyuges Restrepo Eusse, para demandar al Estado ecuatoriano por presunta responsabilidad objetiva en la que habría incurrido en el año 1959 bajo el supuesto que no hay constancia documental que en todos estos años se pagó la expropiación, exigiendo un monto de USD 37’936.010 que representaría la reparación por los daños y perjuicios  de la supuesta ausencia de pago .

La Procuraduría General del Estado, durante la audiencia preliminar llevada a cabo el 13 de marzo de 2017, sustentó las excepciones previas que interpuso al contestar la demanda, entre ellas la caducidad de la acción contencioso administrativa, excepción que fue aceptada por el Tribunal, y como consecuencia declaró sin lugar la demanda y dispuso el archivo de la causa.

Las normas vigentes al tiempo de presentación de la demanda, prevén que la acción por responsabilidad objetiva contra el Estado, caduca en 5 años desde que se produjo el supuesto daño, que a decir de los demandantes consistía en hechos acaecidos hace 57 años en perjuicio de los cónyuges Restrepo Eusse, por la supuesta ausencia de comprobación de pago del valor de la expropiación.

El actor fundamentó su demanda en la afirmación de que él como nieto de los cónyuges Restrepo Eusse, ni sus padres ni sus abuelos recibieron el pago del valor de la expropiación de parte de la hacienda Leito hace casi 60 años, de ahí que la excepción de caducidad debía ser irremediablemente aceptada porque no lograron justificar reclamos oportunos ni aun de los titulares del derecho, dentro de los términos otorgados por las normas que a lo largo de ese tiempo estuvieron vigentes.

Al haberse aceptado la excepción de caducidad, que es de aquellas insubsanables ya no fue necesario tratar las demás excepciones planteadas, en virtud del precedente jurisprudencial No. 13-2015 expedido por la Corte Nacional de Justicia, publicado en el RO (S) No. 621 del 5 de noviembre de 2015, que contiene fallo de triple reiteración respecto del tema caducidad.

Los actores interpusieron recurso de casación respecto del auto interlocutorio que declaró sin lugar la demanda, sin embargo, mediante auto del 26 de abril de 2017, la Corte Nacional de Justicia inadmitió a trámite el recurso, con lo cual, en la justicia ordinaria ha concluido el juicio.

 

1.2.1.2       Proceso concluido con resolución judicial relevante: proceso penal, víctima la PGE contra ex servidor Wilmer Suárez

Con fecha 9 de marzo de 2009, la PGE concedió comisión de servicios con remuneración al servidor público Wilmer Suárez, la misma que debía cumplirse desde el 16 de marzo de 2009 al 16 de marzo de 2010; semanas después en un control de personal, se descubrió que el Sr. Suárez no cumplió con su obligación de ejercer el cargo de asesor del despacho del Superintendente de Compañías, ni atendió esta función, sin embargo de lo cual cobró varias remuneraciones mediante transferencias  a su cuenta de ahorros hasta por un monto de USD 41.870.78 en calidad de remuneración que no devengó.

La Procuraduría General del Estado, frente a estos hechos, presentó acusación particular por el delito de peculado e impulsó la prosecución del proceso penal contra el referido funcionario.

Por su parte, la Contraloría General del Estado practicó el examen especial de auditoría No. DA1-0065-2010 cuyos resultados dieron indicios de responsabilidad penal por los hechos denunciados por la Procuraduría General del Estado, respecto de las actuaciones del señor Suárez, quien cobró remuneraciones sin que haya prestado sus servicios como asesor en la Superintendencia de Compañías.

El proceso penal concluyó con sentencia dictada el 9 de agosto de 2016 misma que fue condenatoria contra el servidor público Wilmer Suárez, como autor del delito de peculado tipificado en el Art. 257 del Código Penal, se le impuso la pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria, declarándose la incapacidad perpetua para el ejercicio de cargo/función pública, siendo condenado además a cumplir una reparación integral por USD 48.241,50.

 

1.2.1.3       Sentencia en firme con efectos relevantes para la ciudadanía:  Acción Constitucional Asociación de bancos privados del Ecuador contra la Junta Bancaria

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución No. JB-2012-2138 adoptada por la Junta Bancaria mediante la cual reformó el tarifario que los bancos cobraban por servicios financieros y eliminó las tarifas que se venían cobrando por servicios de afiliación y renovación de tarjetas de crédito.

La Procuraduría General del Estado expuso las razones por las cuales no hubo violación a la Constitución, sosteniendo que la Resolución de la Junta Bancaria, fue expedida con sustento en el artículo 226 de la Constitución de la República y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y demostró en forma fehaciente que no existía incompatibilidad normativa alguna en la Resolución de la Junta Bancaria con la Ley y sobre todo con la Constitución y no vulneró derechos a la igualdad en su dimensión formal, de conformidad con lo prescrito en el artículo 66 numeral 4, en concordancia con el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República.

La Corte Constitucional en sentencia No. 052-16-SIN-CC, emitida el 12 de octubre de 2016, resuelve negar la demanda de inconstitucionalidad planteada.

De ese modo la decisión de la Corte Constitucional garantiza la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y precautela los derechos de centenares de miles de usuarios de tarjetas de crédito.

 

1.2.1.4       Sentencia con precedente judicial relevante Juicio de la Cia. de Seguros y Reaseguros Seguros Unidos S.A. contra el Estado ecuatoriano exigiendo restitución de pago planteando acción subrogatoria.

En marzo de 2008 la Compañía de Seguros y Reaseguros Seguros Unidos S.A., planteó un recurso para que el Tribunal Contencioso Administrativo disponga en sentencia que el Estado ecuatoriano sea condenado al pago de USD 1´570,606.53 por concepto de restitución del pago realizado por su representada a la compañía asegurada, C.A Ecuatoriana de Cerámica, en ejercicio acción subrogatoria argumentando la accionante que pagó a su asegurado valor de cobertura por el siniestro se éste último sufrió por estallido generado en el cuartel de la Brigada de Caballería No. 11 Galápagos, hecho ocurrido en el año 2008 en la ciudad de Riobamba.

Al plantearse la demanda contra el Estado ecuatoriano, compareció la Procuraduría General del Estado y en su contestación alegó entre otras excepciones la incompetencia del Juzgador, puesto que esta demanda según la ley es de competencia de un juez civil y no del Contencioso Administrativo; sin embargo, éste en sentencia de mayoría dictada el 2 de marzo de 2011, aceptó parcialmente la demanda y ordenó que el Estado pague a la actora la cantidad de USD 1’570.606,00.

Ante ello, la Procuraduría General del Estado presentó un recurso de casación contra la indicada sentencia, que fue admitido a trámite.

La Corte Nacional de Justicia luego de analizar el caso, en su sentencia de 22 de noviembre de 2016, concluye que el actor equivocó la vía puesto que uno es el derecho patrimonial que debe ser exigido ante el Juez de lo Civil, como en el presente caso; y otro, es el derecho de demandar por responsabilidad objetiva del Estado, que debe ventilarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

En consecuencia, la Corte aceptó el recurso de casación planteado por la Procuraduría General del Estado y declaró la nulidad de la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 dentro de la causa No. 14729-2006. Disponiendo que el Juez competente, es decir el Juez de lo Civil, deberá conocer y resolver la demanda. La parte esencial de su motivación señala:

“… la pretensión se contrae al reconocimiento de un derecho patrimonial y a la liquidación de valores económicos, sin que en ninguna parte se haya demandado el control de la legalidad de algún acto, contrato o hecho administrativo, o que declare la responsabilidad objetiva del Estado…”

Este fallo resulta relevante en tanto contiene una aplicación práctica e ilustrativa de la Resolución No. 04-2015 de la Corte Nacional de Justicia, referente a los parámetros para verificación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en materia de contratación pública y daños y perjuicios.

 

1.2.1.5       Juicios contra el Estado exigiendo devolución de bienes incautados del Ex Banco de Préstamos

La ciudadana  Lisa Ann Minton, ex esposa del señor Alejandro Peñafiel Salgado, ex presidente del Banco de Préstamos –declarado en quiebra en 1998- planteó  en el año 2010  ante Juez de lo Civil de Pichincha una demanda contra el Estado ecuatoriano por una cuantía de USD 600 millones, reclamando la devolución de la mitad de los bienes que en su momento la autoridad de control bancario  incautó a su ex esposo Alejandro Peñafiel  como consecuencia de la declarada  quiebra del Banco de Préstamos del cual él era su principal propietario y responsable  de su administración.  La demandante basó su demanda en el argumento de que ella como ex esposa de dicho banquero tuvo una sociedad conyugal en la que se incluían parte de los bienes incautados al banco y sus responsables.

La Procuraduría General del Estado contestó la demanda y en la prueba logró establecer que los bienes reclamados nunca formaron parte de la sociedad conyugal, puesto que estuvieron siempre excluidos de forma expresa por los cónyuges.

Finalmente, el 5 de julio de 2013, el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha, recogiendo los argumentos de derecho expuestos por la PGE, particularmente en la audiencia de estrados, dictó sentencia desechando la demanda por improcedente.  La demandante no presentó ningún recurso ordinario o extraordinario contra dicha sentencia, por lo que la misma se encuentra ejecutoriada.

 

1.2.1.6       Empresa Consorcio Puentes y Vías (Megamaq S.A.) I contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por terminación Unilateral del contrato.

El 24 de enero de 2013, el señor Máximo Villavicencio, en calidad de procurador común del Consorcio Puentes y Vías, integrado por las empresas Siderúrgica Ecuatoriana S.A. y Megamaq S.A., planteó una demanda reclamando por responsabilidad del Estado, por las actuaciones de sus servidores, pues según el actor, se había perjudicado a la compañía de seguros por la disposición de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para efectivizar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por un valor de USD 59.897,01, rendida mediante una póliza.  Dicho contrato fue celebrado para la construcción del puente sobre el río Paute, sector Uzhupud de 75 m en el sector Sertag-La Higuera, en la provincia del Azuay.

Según el demandante no cabía la ejecución de la garantía por cuanto la terminación unilateral de ese contrato fue resuelta por la violación a normas legales (inhabilidad para contratar por la participación en el paquete accionario del hermano del Presidente de la República) y no por incumplimiento del contrato. La cuantía fue fijada en USD 250.000,00.

El Estado defendió la legalidad de la decisión de terminación unilateral del contrato al haberse descubierto que la compañía Megamaq S.A. pertenecía a una empresa offshore de propiedad del Ingeniero Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República quien estaba inhabilitado para contratar con el Estado.

Sin perjuicio de la contestación que hizo el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Procuraduría contestó la demanda y alegó falta de legítimo contradictor, pues el representante del consorcio no podía demandar para sus mandantes el resarcimiento el perjuicio que había recibido la Compañía de Seguros Oriente con la que contrataron la póliza que se efectivizó. Se alegó también la improcedencia de la demanda por la indebida acumulación de pretensiones porque en ella se impugnaban la decisión de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, y al mismo tiempo se proponía una acción por responsabilidad extracontractual del Estado.

El 18 de mayo de 2015, el Tribunal acogió la excepción de improcedencia de la demanda y la rechazó. El tribunal arguyó que se había probado que la terminación unilateral de ese contrato ya había sido demandada y resuelta ante otra sala del mismo tribunal (juicio 2013-0304) que declaró legal la resolución de terminación unilateral del contrato y de las consecuencias derivadas de aquella, entre ellas, la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de construcción del puente sobre el río Paute y negó también el reconocimiento de una indemnización porque no existía ninguna acción antijurídica por parte del Estado. De esta sentencia el actor no presentó ninguno recurso.

Además, otras causas relacionadas con las empresas Cosurca y Megamaq S.A. también han sido rechazadas.

 

1.2.1.7       Proceso judicial concluido: Juicio penal por peculado MIESS contra ex Subsecretario Bolívar González A.

El 6 de abril de 2005, el Subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Bienestar Social, hoy MIES, suscribe un convenio de cooperación con el Comité de Desarrollo Paraíso La Manga del Cura, por un monto de USD 194.675,40.

La Contraloría General del Estado, luego de practicar examen especial a dicha contratación, determinó indicios de responsabilidad penal por cuanto el Convenio inobservó los requisitos legales y reglamentarios aplicables al Ministerio de Bienestar Social a esa fecha. Esto generó que la Fiscalía de Pichincha inicie un proceso penal por peculado contra todos los involucrados.

El 15 de junio de 2015, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en sentencia resuelve condenar a Ángel Ramón Mendieta Vera y Galo Enrique Reyes Samaniego como autores del delito de peculado, tipificado y sancionado en el Art. 257 del Código Penal aplicable al caso, e inexplicablemente  declara que la autoridad que suscribió el Convenio, señor Bolívar Napoleón González Arguello, era inocente, argumentando que no es responsable del contenido y efectos jurídicos del Convenio,  quien lo firma basado en un informe.

El 13 de octubre de 2015, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha resuelve desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General del Estado y ratifica la sentencia considerando que, al no existir recurso de apelación por parte de Fiscalía, cesó el poder punitivo del Estado. De esta resolución el Ministerio de Inclusión Económica y Social interpuso recurso de casación.

En audiencia de 1 de agosto de 2016, la Procuraduría General del Estado precisó que la sentencia recurrida carecía de motivación que explicara su infundada decisión, por lo que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en decisión unánime, resolvió declarar la nulidad de la sentencia y ordenó se realice una nueva audiencia.

El 1 de marzo de 2017, ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha se realiza la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, en el que la Procuraduría General del Estado sostuvo que en aplicación del Art. 233 de la Constitución de la República, y en virtud del acervo probatorio se condene a Bolívar González en grado de autor del delito de peculado, por haber suscrito voluntariamente el convenio del 6 de abril de 2005, violentando las normas reglamentarias de contratación. La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió, condenar a Bolívar González como autor del delito de peculado. De esta decisión no se conoce recurso alguno que se haya interpuesto hasta la presente fecha.

 

1.2.1.8       Acción extraordinaria de protección sobre inmueble Yanuncay

La PGE presento Acción Extraordinaria de Protección en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) ante la Corte Constitucional el 28 de diciembre de 2011,  en la que, con sobrados fundamentos constitucionales, se atacó e impugnó la resolución dictada por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, quienes confirmaron el auto que injurídicamente ordenó la reversión de la totalidad de un inmueble de 12,67 hectáreas ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca con avalúo al 2011 de USD 65´480.000, según el Municipio de esa ciudad, conocido como predio Yanuncay; dicha resolución generaba un enorme perjuicio a la comunidad local, puesto que en ese terreno funciona la sede de la Subsecretaría Zonal de Planificación Austro de Senplades y 11 instituciones públicas más.

La Corte Nacional incurrió en violación a los derechos del debido proceso y a los de la seguridad jurídica al confirmar y avalar la resolución que, con fecha 24 de septiembre de 2003, emitieron los jueces de la Tercera Sala de la Corte Superior de Cuenca, quienes incurrieron en grave error judicial al colocar por equivocación en su resolución frases con sentido contrario a su decisión final,  error  (lapsus) que  fue admitido por ellos inmediatamente después de haberla notificado, pero del cual intentó por años aprovecharse la contraparte, causando con ello  un grave daño a la entidad estatal y vulneraron los derechos constitucionales inherentes al debido proceso y al derecho a la seguridad jurídica, comportamiento judicial que la PGE rechazó y demandó en Acción Extraordinaria de Protección que fue admitida por la Corte Constitucional, que dictó sentencia favorable a los intereses del Estado ecuatoriano en  mayo de 2012, con lo cual el caso quedo concluido y archivado.

 

1.2.1.9       Juicio laboral planteado por ex servidor a Petroecuador EP

El señor Olmedo Antonio Crespo Sarmiento, ex servidor de Petroecuador EP, demandó a la estatal petrolera por USD 450.000, alegando acumulación de indemnización por desahucio, con base en el Art. 185 del Código del Trabajo, más bonificación por separación voluntaria, según la cláusula 14 del sexto Contrato Colectivo del Trabajo y el Art. 36 de su Reglamento Interno.

Este juicio laboral de procedimiento oral recibió sentencia de casación el 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala Temporal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, misma que confirmó las sentencias de primera y segunda instancias, y desechó la demanda.

Uno de los argumentos que sirvió para este fin, que fue presentado por la PGE, señalaba que no existía estipulación alguna en el contrato colectivo que permitiera acumular las dos indemnizaciones, indebidamente planteadas por el actor.

Es importante destacar que esta sentencia se armoniza con la política de Estado, emprendida en el año 2007, para frenar los excesos y privilegios en la contratación colectiva del sector público, misma que se convirtió en supra ley de la República con el Art. 8 del Mandato Constituyente 2 y con la disposición transitoria tercera del Mandato Constituyente 8, expedidos en enero y mayo de 2008, respectivamente.

 

1.2.1.10  Juicio contra el ex INDA por propiedad en la provincia de Cotopaxi

La hacienda ubicada en el sector de Tucuzo, cantón Mejía, se ha mantenido en conflicto entre particulares por cerca de 30 años.  En 2007, el ex INDA inició el trámite de expropiación en virtud del Plan Tierras con la finalidad de entregarlo en adjudicación a una asociación agrícola de la zona.  Los posesionarios de la hacienda iniciaron varios juicios contra el proceso de expropiación, juicios en los que fueron decisivos los argumentos de la PGE respecto a la legalidad de dicha expropiación y falta de derecho de los accionantes para demandar, mismos que, al ser acogidos por los jueces, lograron que el Estado pudiera entregar las tierras a los campesinos adjudicatarios.

En los dos últimos juicios iniciados en el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, el Estado obtuvo sentencias favorables dada la defensa cumplida por la PGE.  Es necesario señalar que, en el juicio que impugnaba la resolución de expropiación, luego de dos años de litigio, el Estado obtuvo sentencia favorable emitida el 30 de abril de 2012; en ella, la Primera Sala del Tribunal Distrital ya señalado rechazó la demanda planteada por el ex posesionario, acogiendo el argumento de la PGE en relación a que el derecho del accionante para demandar el acto de expropiación había caducado.  Gracias a los resultados obtenidos en estos procesos, el Magap liberó de juicios a esas tierras, y pudo entregarlas a los beneficiarios para su producción y desarrollo.

 

1.2.1.11  Demanda de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (Afaba) contra el Estado ecuatoriano exigiendo indemnización por supuesto abuso de poder en cobro de tributos aduaneros.

En agosto de 2004, la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (Afaba) presentó demanda contencioso-administrativa contra el Estado ecuatoriano en la persona del Procurador General del Estado, reclamando indemnización por daños y perjuicios por la suma de USD 1’253.677,60 por supuesto abuso de poder, al cobrar salvaguardas referidas al ingreso de alimentos balanceados e insumos importados, amparándose en el Tratado Comercial de la Comunidad Andina.

La Procuraduría General del Estado contestó la demanda señalando como excepciones la falta de derecho de la actora, incompetencia del Tribunal y legitimidad en el cobro de las salvaguardas. A pesar de los argumentos que fueron probados en su etapa correspondiente durante el proceso judicial, el Tribunal falló contra el Estado ecuatoriano en sentencia dictada el 11 de abril de 2007, condenándolo a pagar en concepto de valor indemnizatorio la suma de USD 2’856.390,76 incluido intereses.

El 4 de mayo de 2007 la Procuraduría General del Estado presentó recurso de casación que fue inadmitido por la Corte Suprema de Justicia; resolución contra la cual se interpuso Recurso de Hecho, que fue negado en auto del 21 de octubre de 2008.

El 28 de enero de 2009 la PGE presentó ante la Corte Constitucional para el Periodo de Transición, el Recurso Extraordinario de Protección contra el auto de no admisión del Recurso de Hecho y de Casación emitido por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Constitucional en sentencia del 13 de agosto de 2009 ordenó que el proceso se retrotraiga hasta el momento en que se verificó la violación al debido proceso. El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso-Administrativo con sede en Guayaquil, con fecha 8 de diciembre de 2009 admitió el recurso de casación y dispuso la remisión todo lo actuado a la Corte Nacional de Justicia; la que  finalmente en sentencia del 9 de mayo de 2009 resolvió favorablemente a la tesis de la defensa del Estado.

Contra ese fallo la compañía Afaba presentó Acción Extraordinaria de Protección, que fue inadmitida por la Corte Constitucional, en providencia del 30 de enero de 2014.

Con esa sentencia, la defensa evitó que el Estado ecuatoriano pague la cantidad demanda por Afaba.