1.2.2      Casos con sentencias de primera instancia que se encuentran con recurso interpuesto para resolver

 

1.2.2.1       Proceso judicial con precedente judicial relevante: Juicio propuesto por Ecuability S.A. contra la Superintendencia de Bancos

El 21 de noviembre de 2008, la calificadora de riesgos Ecuability S.A., presentó demanda contra la Superintendencia de Bancos, alegando que en su favor habría  operado  silencio administrativo al no haber recibido respuesta oportuna de esa entidad pública; y, en consecuencia pretendía que en sentencia se declare que habría quedado insubsistente la resolución de la Superintendencia de Bancos No. SBS-2008- 0390 del 17 de mayo de 2008, que declaraba  a esa empresa sin autorización para realizar labores de calificación de riesgos debido al incumplimiento de sus deberes y por haber otorgado a la Mutualista Benalcázar una calificación que no correspondía, lo que provocó  que ésta última  entrara en proceso de liquidación forzosa por deficiencias en su patrimonio técnico.

La demandante pretendía también que se declare la nulidad de la resolución que dispuso su liquidación, reclamando además una indemnización de daños y perjuicios de USD 5 millones.

Tanto la Procuraduría General del Estado como la Superintendencia de Bancos contestaron la demanda, actuaron prueba y presentaron informes en  derecho ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el que  dictó sentencia el 19 de noviembre de 2014, acogiendo las excepciones planteadas por los demandados y rechazó la demanda, declarando así legítimo el acto dictado por la Superintendencia de Bancos por haber sido emitido con sujeción al procedimiento establecido en la ley y por encontrarse debidamente motivado.

La demandante propuso recurso de casación que se tramita en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

 

1.2.2.2       Proceso constitucional con precedente relevante: Acción de incumplimiento de sentencia Sr. E. Gattas contra el Banco del Pacífico

En el año 2002, por supuestas actuaciones violatorias en el cobro de valores de los que era acreedor el Banco del Pacifico, el ciudadano Elias Gattas Sahih, demandó a esa entidad bancaria en proceso judicial ordinario de daño moral y daños y perjuicios, exigiendo una indemnización por USD 5 millones. Establecida la contienda judicial y analizada las pruebas presentadas por las partes litigantes, culminó con sentencia final de  segunda y última  instancia  dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de  Guayaquil de fecha  6 de noviembre de 2002 en la cual no se encontró prueba de los supuestos daños que el actor decía haber padecido. El actor interpuso sobre aquella un recurso de casación que recayó en  la Segunda Sala Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, la que en su análisis señaló que existían  fundamentos verificables en el proceso para resolver la casación, y terminó dando  razón al recurrente señor Gattas, por lo que dispuso que se pague en favor del actor USD 5 millones.

El Banco del Pacífico no solamente que discrepó con el contenido de esta última sentencia dictada el  18 de febrero de 2008, sino que, al encontrar violaciones constitucionales planteó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional precisando como en forma y fondo en ella se violentaban derechos al debido proceso y seguridad jurídica.

Posteriormente la Corte Constitucional mediante sentencia No. 022-10-SEP-CC, de fecha 11 de mayo de 2010 aceptó la acción extraordinaria de protección y dejó sin efecto la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, y dispone que el recurso de casación se vuelva a sustanciar  la Corte Nacional de Justicia

La Corte Nacional de Justicia con fecha 24 de julio de 2012, finalmente resolvió dejar en firme la sentencia emitida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, es decir, quedó en firme la decisión judicial de que no cabía condenar con indemnización alguna al Banco del Pacífico, al confirmar que nunca hubo hechos dañosos al señor Gattas que merecían indemnización alguna.

En noviembre de 2016 el señor Gattas interpuso acción ante la Corte Constitucional, ésta vez por supuesto incumplimiento en el que habría incurrido la Corte Nacional en la ejecución de la sentencia de la Corte Constitucional. Por tratarse de una grave pretensión contra un banco privado de propiedad del Estado, la Procuraduría General del Estado compareció en el proceso constitucional e intervino en la audiencia del 28 de marzo de 2017, exponiendo los argumentos constitucionales y legales, que demuestran lo improcedente de la pretensión del accionante.

Este proceso está pendiente para resolución.

1.2.2.3        Proceso judicial con precedente relevante: Revisión de sentencia penal por parte de la Corte Constitucional en proceso penal iniciado por Fiscalía contra Hugo Reyes Torres

En juicio penal No. 93-1992 seguido en contra del señor Jorge Hugo Reyes Torres, acusado por delito de tráfico de estupefacientes, el 9 de septiembre de 1996 el Tribunal Penal de Pichincha dictó sentencia contra el procesado, imponiéndole la pena de 16 años de reclusión mayor.

Subida en apelación esta sentencia en agosto de 1999, la Primera Sala de la ex Corte Superior de Justicia de Quito, se ratifica la sentencia en contra del recurrente, modificando la pena a 14 años de reclusión mayor extraordinaria. De la antedicha sentencia, Jorge Hugo Reyes Torres interpone recurso de revisión.

El 7 de noviembre de 2011, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dictó sentencia declarando el estado de inocencia de Jorge Hugo Reyes Torres, dentro del recurso de revisión identificado con la causa No. 135-2005-WO. Ante esa decisión judicial, la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, interponen Acción Extraordinaria de Protección en contra de la antes citada sentencia, por varias violaciones constitucionales encontradas en el texto de la misma. Ambas acciones constitucionales fueron admitidas a trámite por la Corte Constitucional, identificando el caso con el No. 0013-12-EP.

Los accionantes fundamentaron sus acciones constitucionales planteadas señalando la vulneración de los siguientes derechos constitucionales: 1) Derecho a la seguridad jurídica (Art. 82); 2) El derecho al debido proceso (Art. 76 numerales 1 y 7 letras k y l); y, 3) Derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 75), evidenciados en la sentencia expedida Corte Nacional de Justicia.

Luego de la sustanciación correspondiente, el Pleno de la Corte Constitucional, mediante sentencia dictada el 2 de septiembre de 2015, declaró la vulneración de derechos, aceptó la demanda, dejó sin efecto la sentencia expedida por la Corte Nacional de Justicia en el proceso No. 135-2005-WO; y, dispuso que otra Sala de la Corte Nacional de Justicia, conozca y resuelva el recurso de revisión propuesto por el señor Reyes Torres.

En cumplimiento de la sentencia expedida por la Corte Constitucional, luego del sorteo correspondiente, la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, que avocó conocimiento, deberá resolver el recurso de revisión de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia constitucional.

1.2.2.4       Causa iniciada por el señor Sheng Zhangfu, apoderado de la compañía CETC Internacional CO. contra el Ministerio de Defensa (Caso Radares Chinos)

El 26 de julio de 2013, el apoderado de la empresa presentó una demanda contencioso administrativa para impugnar la negativa del Ministro de Defensa Nacional para  atender favorablemente un recurso de reposición planteado contra la resolución del 17 de julio de 2013 con la que se declaró terminado unilateralmente el contrato No. 2008-d 076 de provisión de dos sistemas radáricos por un valor de USD 60 millones. La demanda incluye un reclamo de una indemnización de daños y perjuicios por un monto de USD 263 millones, porque entre otras alegaciones la empresa sostiene que se produjo la recepción presunta de los radares y los sistemas que los vuelven operativos.

Sin perjuicio de la contestación que hizo el propio Ministerio de Defensa Nacional, esta institución alegó la improcedencia de la demanda y la falta de derecho de la empresa, porque de los informes técnicos proporcionados por el Ministerio se evidenció que los equipos y los sistemas no podían ser utilizados y que el incumplimiento del contrato era evidente,  sin que se hubiese podido haber operado la recepción presunta porque el Ministerio de Defensa Nacional nunca dejó de realizar observaciones a los sistemas y los equipos.

El 5 de marzo de 2017 la empresa solicitó que se abra el término de prueba luego de que el tribunal negó el pedido de abandono realizado por los abogados del Ministerio de Defensa Nacional. Hasta el momento el tribunal no ha dictado el auto correspondiente.

La causa aún no se ha abierto a prueba. El Tribunal que la conoce está a la espera de que el MIDENA remita el expediente administrativo. Última providencia data del 10 de enero de 2018.

1.2.2.5       Caso Consorcio Puentes y Vías (Megamaq S.A.) II contra el Ministerio de Obras Públicas

El 21 de septiembre de 2009 el señor Máximo Villavicencio como representante del Consorcio Puentes y Vías integrante de las empresas Siderúrgica Ecuatoriana S.A. y Megamaq S.A. (la empresa Megamaq de propiedad de otra empresa constituida en Panamá que a su vez es de propiedad del ingeniero Fabricio Correa Delgado),  presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo un recuso subjetivo para impugnar la terminación unilateral del contrato de construcción del puente sobre el río Paute, sector Uzhupud de 75 m. en el sector Sertag-La Higuera, en la provincia del Azuay, resuelta el 3 de septiembre de 2009 y notificada al día siguiente. El actor alegó la nulidad por falta de motivación y pidió que así se declare; también solicitó que se declare que el Ministerio incumplió el contrato, y que se lo declare resuelto y en consecuencia se condene a esa institución y de manera solidaria a los funcionarios que adoptaron la resolución al pago de una indemnización de   USD 1´200.000,00.

Sin perjuicio de la contestación que hizo el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Procuraduría contestó la demanda y alegó: a) que la terminación unilateral era legítima por haberse comprobado que una de las empresas del consorcio pertenecían al hermano del Presidente de la República y estaba por tanto inhabilitada  de contratar con el Estado, y que esa violación legal permitía que la entidad contratante dé por terminado el contrato de acuerdo a la ley; b) que el Ministerio nunca incumplió el contrato, que el desembolso del anticipo no llegó a concretarse cuando se hizo público que una de las empresas del consorcio pertenecía al hermano del Presidente de la República; c) que la demanda era improcedente porque ya no existía contrato, porque éste había terminado por la declaratoria de la autoridad y porque se habían planteado pretensiones incompatibles; y d) falta de derecho del actor.

El 19 de febrero de 2014 el Tribunal acogió las excepciones propuestas y desechó la demanda. De este fallo el actor presentó recurso de casación con fundamento en las causales: 1ra., 3ra. y 5ta. del artículo 3 de la Ley de la materia. El 14 de marzo de 2014 se concedió el recurso y se ordenó la remisión del proceso a la Sala competente de la Corte Nacional de Justicia.

En la Corte Nacional de Justicia el juicio está signado con el No. 211-2014 y fue admitido a trámite el 3 de marzo de 2015 únicamente con respecto a la causal primera (errónea interpretación del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e indebida aplicación del artículo 64 de la propia ley).

La Procuraduría contestó el recurso de casación el 11 de marzo de 2015; a la fecha sigue pendiente de la resolución de los jueces.

 

1.2.2.6       Caso Inserpetro contra Municipio de Orellana

Con ocasión de una declaratoria de nulidad de la expropiación de un predio de 49,87 hectáreas de propiedad de la empresa Inserpetro Cía. Ltda., ubicado en la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, dicha empresa obtuvo el 13 de marzo de 2015 de la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, una sentencia que impuso al Estado ecuatoriano el pago de un monto indemnizatorio por USD 5’812.075,55 que contempla todo concepto, incluido daño emergente y lucro cesante, que, a saber, en derecho, corresponde a daños y perjuicios.

No obstante haber adquirido el derecho para cobrar tal indemnización, Inserpetro Cía. Ltda., bajo el equivocado argumento de que dicha sentencia no incluye todos los rubros demandados, inició el 31 de mayo de 2012 otro proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, llegando a obtener una sentencia que a nivel de casación dispone que “se proceda a la liquidación de los daños y perjuicios ocasionados a la Empresa actora, en juicio verbal sumario”, es decir, generando la posibilidad de que dicha empresa llegue a cobrar al Estado dos veces por un mismo concepto.

Ante a esta situación, la Procuraduría General del Estado interpuso recurso de casación a la sentencia proveniente de la administración de justicia civil que impuso al Estado ecuatoriano el pago de un monto indemnizatorio por USD 5’812.075,55, el mismo que fue inadmitido por el Conjuez de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Guillermo Narváez Pazos, mediante auto definitivo de 2 de marzo de 2016.

Es decir que, si se considera la sentencia de casación proveniente de la Corte Nacional que dispone que el Estado pague a Inserpetro Cía. Ltda. una liquidación por daños y perjuicios en juicio verbal sumario, y, la sentencia de la  Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que a la vez dispone que el Estado pague a la referida empresa el monto de USD 5’812.075,55 por concepto de daño emergente y lucro cesante (que a saber son daños y perjuicios), se estaría produciendo de manera injusta e ilegal una duplicidad en el pago indemnizatorio a cargo del Estado.

Frente a estas circunstancias, la Procuraduría General del Estado, con fecha 10 de mayo de 2016, presentó ante la Corte Constitucional acción extraordinaria de protección, impugnando el auto definitivo de 2 de marzo de 2016 emitido por el Conjuez de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Guillermo Narváez Pazos, a efectos de que el mismo quede sin efecto y, en su lugar, la Corte Nacional de Justicia case la sentencia de 11 de marzo de 2015 pronunciada por la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y de esta manera se evite la injurídica posibilidad de que el Estado pague dos veces por un mismo concepto indemnizatorio.

 

1.2.2.7       Caso Compañía  Hindustan Aeronautics Limited, HAL contra Ministerio de Defensa exigiendo anulación de terminación unilateral del contrato para la provisión de helicópteros para ese Ministerio.

El 27 de julio de 2016, la compañía Sumil C.A., demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito la nulidad de la Resolución S/N del 24 de marzo de 2016 que rechazó el recurso de apelación que en lo administrativo planteó la ahora accionante en contra de la declaración de terminación unilateral del contrato suscrito entre esa empresa y el Ministerio de Defensa Nacional para el suministro de 7 helicópteros Dhruv II;  y consecuentemente, pidió se declare la nulidad de la Resolución No. 001 del 6 de enero de 2016 a través de la que se declaró la terminación unilateral y anticipada del contrato.  Además, como resultado de la declaratoria de nulidad, la parte demandante solicita que se condene a esa cartera de Estado al pago de daños y perjuicios calculados en USD 11’071.229.40.

La pretensión la fundó en las disposiciones de los artículos 326 del COGEP; 76 numeral 7 y 82 de la Constitución de la República; 74 y 95 de la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública;  y 1501, 1568, 1586 del Código Civil.

El Ministerio de Defensa Nacional   contestó la demanda y alegó entre otras, como excepción previa, la ilegitimidad de personería activa por falta de acreditación legal de la compañía Sumil que actúa como representante de HAL; falta de legítimo contradictor; y, caducidad del derecho de la actora para demandar; y, como excepción de fondo la legitimidad de la resolución impugnada.

La Procuraduría General del Estado en defensa del interés del Estado ha venido actuando en la Audiencia Preliminar convocada en el caso, coadyuvando en la contestación a la demanda y en reconvención que presentó el Ministerio de Defensa contra la empresa actora por los daños patrimoniales y extramatrimoniales causados al Estado, cuantificando como pretensión una indemnización de USD 347’858.068,27.

En la audiencia realizada el día 10 de mayo de 2017, se resolvieron las excepciones previas planteadas tanto por el Ministerio frente a la demanda en su contra, cuanto por la actora en razón de la reconvención, ninguna de las cuales fue aceptada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, declarándose, bajo protesta de las partes, la validez procesal.  La audiencia concluyó con el anuncio de pruebas de las partes.  El Tribunal convocó a las partes procesales para los días 10 y 11 de julio de 2017, a fin de que tenga lugar la audiencia de juicio, habiéndose previsto, de conformidad con el artículo 204 del COGEP, que las partes hasta el 16 de junio de 2017, presenten los resúmenes de la prueba documental teniendo en cuenta que aquella es de gran volumen.

 

1.2.2.8       Caso Romero Vinueza contra el Ministerio de Finanzas por pago de diferencia en inmueble expropiado

En mayo de 1997, el señor Carlos Eduardo Romero Vinueza planteó una Acción de Amparo Constitucional contra el Ministerio de Finanzas por el pago de una diferencia económica por un inmueble expropiado en 1997, proceso que generó 16 años de controversias judiciales hasta que, finalmente, el Juez Tercero de lo Civil de Pichincha, sustentado en la argumentación jurídica expuesta por la PGE, el 20 de septiembre de 2013 dictó auto resolutivo negando la pretensión del accionante de que el Estado le pague USD 112’912.470,62 por la supuesta diferencia de valor que le correspondió en la expropiación ocurrida en 1997; y, sobre la base de la liquidación efectuada por el Ministerio de Finanzas, ordenó que el accionante devolviera al Estado USD 941.250 por pagos en exceso ocurridos en la fase de ejecución, en la que el actor promovió varios incidentes procesales.

 

1.2.2.9       Juicio de honorarios en contra de Filanbanco S.A., posterior Banco Central del Ecuador

Juicio planteado por quien fuera abogada del ex principal accionista del Banco de Los Andes S.A. que demandó el pago de honorarios por más de USD 800.000 en contra del Banco Central por ser la entidad bancaria que receptó activos del Banco Filanbanco S.A en liquidación.  En este proceso, se dictó auto de embargo el 30 de abril de 2012, disponiéndose el remate de una bien inmueble propiedad de las entidades bancarias demandadas.  El juez temporal de la causa, Wilmer Ambrossi, al momento de calificar las posturas planteadas en el remate, y sin fundamento jurídico alguno, descalificó varias de ellas. Inexplicablemente, la actora resultó favorecida con la decisión del juez que calificó su postura como la ganadora, lo cual, desde la posición de la PGE, evidenció varias ilegalidades y violaciones al procedimiento pertinente, pues descalificó –contra otra ley- ofertas que ofrecían inclusive valores muy superiores.

Esa actuación judicial motivó a la PGE a presentar una queja formal ante el Consejo de la Judicatura de Pichincha en contra del referido juez, a quien se abrió un expediente administrativo, acción que hizo que la Presidencia del Consejo de la Judicatura, como medida provisional, lo suspendiera por 90 días y se asignara a otro juez.

El nuevo juez, en correcta, aplicación del Código de Procedimiento Civil (Art. 1014), luego de analizar el caso, declaró la nulidad de lo actuado por Ambrossi y resolvió, inclusive sin lugar a reposición, al haberse violado el derecho a la seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de la Constitución y en los artículos 25 y 26 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

1.2.2.10  Juicio al Magap sobre la hacienda San Antonio de Valencia

La señora Zoila Piedad Silva de Cevallos (cónyuge de Telmo Cevallos) demandó al Ministerio de Agricultura pidiendo que, mediante efecto positivo del silencio administrativo, se declare nula la resolución mediante la cual el INDA confirmó la resolución expropiatoria de la hacienda San Antonio de Valencia, predio que la actora aduce ser de su propiedad.

Dentro del proceso se demostró que la hacienda Valencia era de propiedad de los herederos Jaramillo Argüello (legítimos propietarios) a quienes se les pago USD 4,8 millones por la expropiación del bien; sin embargo, la familia de la actora ha presentado alrededor de 10 juicios para evitar la desocupación de la hacienda, misma que fue expropiada para entregar en adjudicación a la Asociación Agrícola “Valencia”.

En uno de estos juicios, las excepciones propuestas por la PGE fueron acogidas y se rechazó la demanda, evitando así que dicho bien sea entregado a terceros que ya han sido sentenciados por Usurpación.

 

1.2.2.11  Reliquidaciones a trabajadores de Santo Domingo de los Tsáchilas

Mediante ley del 6 de noviembre de 2007 se creó la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuya disposición transitoria quinta establece el pago de indemnizaciones y liquidaciones a los trabajadores de acuerdo a la LOSCCA.

El Mandato Constituyente 4, que rige a partir del 12 de febrero de 2008, estableció que las indemnizaciones por despido intempestivo no pueden ser superiores a 300 SBU de ese año (USD 60.000). Adicionalmente, el Mandato Constituyente 8, que rige a partir del 30 de abril de 2008, restringe los excesos y privilegios de la contratación colectiva pública.

En ese marco, el Procurador absolvió una consulta del Prefecto Provincial de Pichincha, indicándole que las liquidaciones previstas en los contratos colectivos debían limitarse al monto máximo dispuesto en el Mandato 4, criterio con el cual la Prefectura celebró las respectivas actas de liquidación y finiquito ante la inspectoría de trabajo de Pichincha.

A pesar de eso, más de 200 ex trabajadores demandaron al Consejo Provincial, impugnando sus liquidaciones y pretendiendo acogerse al contrato colectivo, con demandas que llegan hasta los USD 300.000.

La PGE ha asistido a 46 audiencias preliminares y a 28 audiencias definitivas, de estas últimas han sido emitidas hasta ahora un total de 25 sentencias favorables a la Prefectura de Pichincha, en las que se niega en su totalidad las demandas.