1.2.5      Casos de repetición por presentarse

También existen algunos casos de acciones de repetición que no han iniciado todavía por estar pendiente el informe previo de las máximas autoridades de las entidades responsables de los daños indemnizados por el Estado.

1.2.5.1       Acción de Repetición contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Chevron II contra Ecuador)

El Estado ecuatoriano fue demandado el 21 de diciembre de 2006, por la empresa Chevron – Texaco por el presunto incumplimiento del artículo II (7) del Tratado entre los Estados Unidos de América y la República del Ecuador concerniente a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI); concluidas todas las etapas y agotados los recursos e instancias a los que tuvo derecho el Ecuador, quedaron confirmadas las resoluciones contenidas en los laudos dictados por el Tribunal Arbitral, determinándose que el Estado ecuatoriano incumplió el artículo II (7) del TBI al haberse establecido en ese proceso una demora indebida por parte de los Tribunales de Justicia de Ecuador en dictar sentencia sobre siete casos presentados por TexPet.

En tal virtud, el Estado ecuatoriano con fecha 22 de julio de 2016 pagó a la empresa demandante Chevron – Texaco el valor de USD 112´839.791,61 incluido los intereses en razón de las decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral.

Por tanto, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República, el Estado debe ejercer el derecho de repetición contra las personas responsables del daño producido, por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos, incluyendo el retardo injustificado en la administración de justicia.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 07331 del 5 de agosto de 2016, puso en conocimiento del Consejo de la Judicatura el contenido del laudo final en el que se establecen actuaciones u omisiones de jueces y funcionarios judiciales, sobre las cuales el Tribunal concluye que el Estado ecuatoriano es responsable por demora indebida en la administración de justicia, por lo que, al amparo de lo establecido en el Art. 67 de la LOGJCC, corresponde al Consejo de la Judicatura la realización de la investigación para determinar la identidad de los presuntamente responsables, previa a la presentación de la demanda.

Una vez que se cumplan con los presupuestos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional corresponde al Consejo de la Judicatura presentar la acción de repetición ante los jueces competentes.

Con oficio No. 10835 del 5 de junio de 2017, la Procuraduría insiste al Consejo de la Judicatura para que concluya la investigación que identifique a los presuntos responsables que pertenecen a esa institución. Posteriormente, en noviembre del 2017 se convocó a reunión de trabajo a la directora Nacional de Asesoría del Consejo de la Judicatura, en cuya reunión se coordinó respecto de los avances del informe de investigación. Se tiene prevista reunión de trabajo para la segunda semana de febrero del 2018, en la que se determinará los elementos de sustento que servirán de base para la identificación de los ex servidores judiciales, previa la presentación de la demanda.

1.2.5.2       Acción de Repetición contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Salvador Chiriboga contra Ecuador)

La obligación del Estado de presentar la demanda de repetición por el caso de la referencia, surge de dos sentencias provenientes de la Corte IDH que lo conminaron al pago de USD 9’538.856,90 por concepto de daño material, inmaterial, costas, gastos, intereses, etc., a favor de la señora María Salvador Chiriboga. Las sentencias son de 6 de mayo de 2008, denominada de excepciones, preliminar y de fondo; y, de 3 de marzo de 2011, que determina reparaciones y costas.

El Estado efectuó el último pago el 30 de marzo de 2016.

Las entidades públicas responsables de ejercitar el derecho de repetición en este caso, son el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Consejo de la Judicatura, mismos que, al tenor de las sentencias de la Corte IDH, son responsables de una expropiación indebida que derivó en despojo y de retardo en la administración de justicia, respectivamente.

Con miras a formalizar la presentación de la demanda de repetición, la Procuraduría General del Estado ha efectuado varias reuniones previamente agendadas con los abogados tanto del Municipio de Quito como del Consejo de la Judicatura, requiriendo que avancen en la preparación del informe de investigación pertinente.

Corresponderá al Municipio de Quito y Consejo de la Judicatura presentar la demanda con la suficiente antelación al término de prescripción de la acción, contando en todo momento con el asesoramiento y supervisión de la Procuraduría General del Estado.

Con oficios Nos. 10836 y 10837, ambos de fecha 5 de junio de 2017, dirigidos al Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Presidente del Consejo de la Judicatura, respectivamente, el Procurador General del Estado, insiste en la concreción del informe de investigación que servirá de base imprescindible para que las dos entidades públicas presenten oportunamente su demanda de repetición.

Posteriormente, en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2017, la Procuraduría convocó y mantuvo reuniones de trabajo con las entidades involucradas, a fin de coordinar los avances en la determinación de los ex servidores responsables de la vulneración de derechos humanos de esas instituciones, que provocaron que el Estado ecuatoriano sea condenado a pagar indemnizaciones.

Se tiene previsto convocar a las entidades responsables de la presentación de la demanda, a una reunión de trabajo dentro de la primera semana de marzo de 2018, para conocer de los informes de investigación que servirán de base, previa a la presentación de la acción de repetición.