2.2.2      Caso Chevron y Texaco contra República del Ecuador (Chevron II)

El 21 de diciembre de 2006, Chevron alegó que debido a la falta de resolución de siete causas comerciales planteadas por la compañía ante las cortes ecuatorianas entre 1991 y 1993, no resueltas hasta entonces, el Estado ecuatoriano violó los estándares de “trato justo y equitativo” y “trato no discriminatorio”, entre otros, contenidos en el Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones (TBI), incurriendo a su vez en una supuesta denegación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario. La pretensión de indemnización de Chevron ascendía a la suma de USD 1.605 millones.

Dentro del procedimiento Ecuador objetó la jurisdicción del Tribunal, que no obstante se declaró competente para conocer la demanda desechando los argumentos de Ecuador.  La defensa del Estado sostuvo que los reclamos basados en los juicios de TexPet (predecesora de Chevron) no se encuentran dentro de la definición de un “diferencia en materia de inversión”, no surgieron ni estaban relacionadas con un “acuerdo de inversión” y que por lo tanto no podía invocarse el TBI porque las disputas se encontraban fuera de su ámbito de protección.

De manera particular el Ecuador invocó la irretroactividad de los tratados internacionales y por tanto de los TBI, pues este último entró en vigor el 11 de mayo de 1997 y la inversión de Chevron-Texaco terminó en 1992.

En relación con la supuesta denegación de justicia alegada por Chevron, y tal cual lo dispone el derecho internacional, el argumento de Ecuador se centró en que esta solo se configura una vez agotados los recursos que preveía el sistema judicial ecuatoriano en relación con una reclamación y que ello no había sucedido.

La reclamación de Chevron basada en la demora en casos específicos no cumplía con los requerimientos necesarios para ser considerado un caso de denegación de justicia bajo el derecho consuetudinario internacional incluyendo la necesidad de agotar los recursos internos y el umbral de la prueba. Tampoco la compañía puso interés en impulsar sus casos, ni interpuso las medidas previstas por la ley ecuatoriana para impedir su demora. La defensa del Estado puso en evidencia las reformas judiciales implementadas en los últimos 15 años para corregir las falencias del sistema de justicia y entre otras cosas subsanar el problema del retraso en la resolución de causas, por lo que TexPet no puede reclamar ningún daño que una sentencia no pueda a compensar.

Pese a ello, el 30 de agosto de 2010, mediante un laudo parcial, el Tribunal concluyó que el Ecuador era responsable por la violación del Art. II (7) del TBI referente a la provisión de medios efectivos de resolución de controversias, al haber incurrido en un retraso injustificado en la resolución de las siete causas pendientes por lo que estableció a favor de la compañía una indemnización de aproximadamente USD 700 millones más intereses, asumiendo que Texaco hubiera prevalecido en los siete juicios pese a que para entonces ya estaban resueltos o abandonados.

El 31 de agosto de 2011, en su laudo final, el Tribunal estableció que el Ecuador debía pagar a la compañía el valor de USD 96 millones más intereses compuestos que se generen desde el 1 de septiembre 2011 hasta la fecha de pago. Para establecer este valor, el Tribunal aceptó el planteamiento presentado por la defensa del Estado ecuatoriano referente a la aplicación del impuesto unificado del 87,31% al monto establecido en el laudo parcial, rebajando sustancialmente el monto a pagar.

El Ecuador solicitó la nulidad de los laudos de (i) jurisdicción, (ii) parcial de responsabilidad, y (iii) final, ante la Corte Distrital de La Haya. El 2 de mayo de 2012, la Corte negó la solicitud de anulación presentada por Ecuador. El Estado apeló a la decisión pero el 19 de junio de 2013, la Corte de Apelación negó dicha apelación, pero determinó que Ecuador estaba en lo correcto al argumentar que era necesaria una revisión sobre la existencia de una disputa relacionada a una inversión y, consecuentemente, la existencia de un acuerdo válido de arbitraje. Sin embargo, señaló que las demandas asociadas a una inversión dentro del término ordinario de dicha acepción, tal y como se definen en el TBI, son consideradas inversiones.

El 26 de septiembre de 2014, la Corte Suprema resolvió negar el recurso presentado por el Ecuador ratificando las decisiones de la primera y segunda instancia.

Agotadas las instancias legales, el 22 de julio de 2016, Ecuador pagó el Laudo Arbitral, cumpliendo su obligación internacional.