2.2.5      Caso importación de vehículos y CKD ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El 17 de abril de 2015, Ecuador planteó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una demanda de nulidad de las Resoluciones 1564 y 1622, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN). Dichas resoluciones calificaron como restricción  al  comercio  regional a las medidas adoptadas por este país para la importación de material CKD de vehículos (autopartes) así como para la importación de vehículos provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Las Resoluciones 65 y 66 del Comex, que establecieron restricciones cuantitativas al comercio de CKD de vehículos y vehículos, estuvieron encaminadas a reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, producida por el incremento desproporcionado del parque automotor. En tal virtud, el propósito de tales restricciones fue la protección de la salud y vida de las personas; y, por tanto, estaba legalmente amparada por la norma andina.

Ecuador solicitó la anulación de las resoluciones de la SGCAN por la violación del derecho comunitario, en quebrantamiento del principio de jerarquía normativa y por la falta de motivación de las resoluciones al no haberse evaluado los fundamentos de derecho, técnicos y fácticos presentados por Ecuador que respaldaban las medidas dirigidas a la protección de la vida.

El Tribunal Andino de Justicia concluyó que las medidas adoptadas por Ecuador tenían como propósito proteger la salud y vida de las personas y en sentencia consideró que la SG-CAN no acreditó que respecto de las restricciones cuantitativas contenidas en las Resoluciones 65 y 66, hubiera medidas alternativas vinculadas al uso de vehículos automotores que significaran una mayor reducción o mitigación de gases con efecto invernadero.

Tanto la SG-CAN como la República de Colombia solicitaron la aclaración y enmienda de la sentencia del Tribunal. Mediante decisión de 9 de marzo de 2017, el Tribunal desestimó por improcedentes las solicitudes de enmienda y aclaración.

Con esta decisión Ecuador reivindicó su derecho, al amparo de la normativa comunitaria, de adoptar las medidas necesarias para a proteger la salud y vida de los habitantes del territorio ecuatoriano.