2.2.6      Caso Chevron y Texaco contra República del Ecuador (Chevron III)

El 23 de septiembre de 2009, Chevron y Texaco (en adelante Chevron) presentaron una demanda arbitral internacional  por violación del TBI entre Ecuador y Estados Unidos, efectuando esencialmente dos acusaciones: i) Que el Ecuador violó el TBI al permitir la continuidad del proceso por daño ambiental presentado por  habitantes de la Amazonía ecuatoriana contra Chevron en el año 2003 (Caso Lago Agrio), pese a que en los años 90 se suscribieron acuerdos de liberación de responsabilidad entre el gobierno del Ecuador y Texaco, que – a decir de las compañías multinacionales – impedían la presentación de de dicho proceso judicial contra Chevron; y ii) que la sentencia del caso Lago Agrio es producto de un fraude judicial en el que participaron tanto los abogados de los actores del juicio como el Estado ecuatoriano a través de funcionarios judiciales, lo que configuraría un caso de Denegación de Justicia. La demandante no ha fijado la cuantía de la pretensión de indemnización de daños, la que se discutirá en una tercera fase del arbitraje, de haber lugar a ello.

El arbitraje ha avanzado hasta una etapa en la que ya se han discutido los asuntos de fondo, es decir las alegaciones de hecho y de derecho de Chevron, así como la evidencia de respaldo. Respecto a la acusación de que el Ecuador violó el TBI al permitir la continuación del caso de Lago Agrio, el Tribunal ha emitido dos decisiones: en septiembre de 2013, concluyó que por efecto del Acuerdo de Liberación de 1995 el Estado ecuatoriano transigió sobre derechos colectivos. Luego, en marzo de 2015, coincidió con el Ecuador al concluir que la demanda de Lago Agrio tal como fue planteada no buscó la reivindicación de derechos colectivos, si no individuales. El Tribunal sin embargo no ha decidido todavía sobre si la sentencia del juicio de Lago Agrio declaró la reparación exclusiva de derechos individuales, colectivos o ambos.

En abril de 2015, se desarrolló la audiencia de fondo. En dicha audiencia, el Ecuador demostró mediante el contrainterrogatorio a su principal testigo, el ex juez, Alberto Guerra que no  es confiable ya que ha admitido: pagos en su favor por parte de Chevron, que ha mentido en su beneficio y que la prueba que ha aportado en respaldo de su testimonio no tiene nada que ver con la redacción de la sentencia de Lago Agrio. Como parte de la estrategia procesal de defensa, se incluyó, a un equipo técnico integrado por peritos ambientales de la empresa Louis Berger Group (LBG) que presentó cuatro informes periciales (febrero y diciembre de 2013; noviembre de 2014 y marzo de 2015), junto con los memoriales de fondo. Estos informes permitieron concluir que el daño ambiental persiste, que fue causado intencionalmente por Texaco durante su operación y, en consecuencia, que la condena en daños dentro del juicio de Lago Agrio es lógica y está respaldada.

En junio de 2015, atendiendo un pedido del Ecuador el Tribunal Arbitral visitó varios sitios dentro de lo que fue el área de concesión de Texaco, ahí pudo constatar que lejos de lo afirmado por Chevron la contaminación existe en el lugar, que Texaco efectuó una remediación deficiente o simplemente no hizo ninguna; y que Texaco ocultó información sobre sus pasivos ambientales.

Pese a la resistencia de Chevron, Ecuador inició acciones judiciales en los Estados Unidos encaminadas a obtener documentación privilegiada de Chevron y sus contratistas. Estas acciones, conocidas como “1782”permitieron que Ecuador obtenga una gran cantidad de documentos para ser usados, exclusivamente dentro del arbitraje internacional. Por medio de estos documentos se pudo demostrar que durante la práctica de pruebas en el  juicio de Lago Agrio, Texaco minimizó y ocultó la contaminación causada por más de treinta años de su operación y, que las conclusiones de al menos uno de sus expertos, respecto de la contaminación causada por la compañía, son debatibles e inexactas.  Igualmente se demostró que Texaco efectuaba “pre inspecciones” clandestinas en los lugares donde, posteriormente, se realizarían las inspecciones judiciales evitando las áreas de mayor contaminación.

Actualmente se espera una decisión del Tribunal Arbitral sobre la fase de fondo, mientras que paralelamente se discute la anulación de los laudos parciales ante la justicia ordinaria en los Países Bajos que el Ecuador solicitó en dicho país por ser La Haya la sede del arbitraje.