2.2.7        Caso Perenco contra la República del Ecuador (CIADI)

Perenco Ecuador Limited y Burlington Resources iniciaron por separado dos procesos arbitrales fundamentados en la aplicación de la Ley 2006-42 que regula los ingresos extraordinarios obtenidos por las contratistas del Estado ecuatoriano en contratos de Participación como consecuencia de los precios extraordinarios del petróleo. Posteriormente, luego de abandonar la operación, en un hecho sin precedentes en la industria petrolera, lo que obligó al Estado ecuatoriano a asumir la operación, las empresas alegaron una supuesta expropiación ilegítima de la inversión.

El 30 de abril de 2008, la compañía Perenco inició un arbitraje de inversiones en contra del Estado ecuatoriano, pues a su criterio con la aplicación de la ley 2006-42, Ecuador viola las obligaciones asumidas a través del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Francia (TBI).

Luego de cumplirse el calendario procesal fijado por el Tribunal para las etapas de jurisdicción y fondo,  el 12 de septiembre de 2014, la República fue notificada con la versión completa de la decisión sobre responsabilidad y jurisdicción en la cual el Tribunal determinó que el Ecuador violó el TBI al haber incumplido su obligación de otorgar trato justo y equitativo y al haber expropiado la inversión de la petrolera. El 19 de diciembre de 2014, Ecuador solicitó la reconsideración de esta decisión.

El 10 abril de 2015, el Tribunal negó la reconsideración y dio inicio a la fase de cuantificación de daños, la misma que concluyó con una audiencia el 21 de abril de 2016. A esta fecha está pendiente la decisión sobre la cuantificación.

El 11 de agosto de 2015, el Tribunal Arbitral emitió su decisión sobre las demandas reconvencionales planteadas por el Estado ecuatoriano en la que concluyó que “luego de analizar la evidencia, el Tribunal está convencido de que hay algo de contaminación en los Bloques y que probablemente se responsabilizará a Perenco de ello”.

La conclusión del Tribunal se basó en los siguientes argumentos:

  • Las afirmaciones que realiza Perenco sobre su cumplimiento de las leyes ambientales no encuentran sustento.
  • Perenco es objetivamente responsable respecto de toda contaminación por sobre los estándares regulatorios que ocurrieron con posterioridad al 20 de octubre de 2008 y hasta que el Consorcio suspendió las operaciones el 16 de julio de 2009.
  • Debe considerarse que Perenco incumplió con el deber requerido de cuidado y será responsable a menos que pueda demostrar: (i) la ocurrencia de un acontecimiento de fuerza mayor; (ii) que no incumplió con el deber de cuidado respecto de esa instancia específica de contaminación; o (iii) que alguna otra persona causó el daño.
  • La compañía deberá pagar cualquier remediación por la cual sea legalmente responsable, y tal costo de remediación debe calcularse teniendo en cuenta los precios de mercado.

Sin perjuicio de lo dicho, y debido al conflicto entre los resultados emitidos por los peritos ambientales de las partes, el Tribunal decidió contar con la participación de un perito propio para evaluar el estado ambiental de los bloques de conformidad con las conclusiones de hecho y de derecho desarrolladas en la Decisión. El experto realizó una visita previa a los bloques en noviembre de 2016 y  desde los meses de septiembre a diciembre de 2017  inició una segunda visita para recolectar muestras de suelo y aguas subterráneas que serán analizadas a fin de efectuar una evaluación técnica y posterior determinación de un monto apropiado de reparación ambiental.

El 25 de enero de 2018 el Tribunal anunció que el laudo será dictado en septiembre de 2018.