2.3.1.2       Caso Juan Carlos Chaparro contra la República del Ecuador

Toda vez que culminó el proceso iniciado por el señor Juan Chaparro en contra del Estado Ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ésta como parte de su Resolución ordenó que se inicie un juicio arbitral, con la finalidad de determinar el porcentaje de pérdidas que sufrió el señor Chaparro por la aprehensión y depósito de la fábrica Aislantes Plumavit del Ecuador S.A.

Con fecha 27 de julio de 2011, el señor Chaparro inició el juicio arbitral, con la pretensión de que el Tribunal Arbitral condene al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización por una cantidad no menor a USD 5 millones.

El Estado Ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado, contestó la demanda indicando que el actor, señor Juan Chaparro no tenía derecho para demandar lo siguiente: i) el 100% del valor de la compañía, ya que el Sr. Chaparro poseía únicamente el 50% de las participaciones en la misma; ii) el pago de una indemnización de los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados; iii) el pago por la reposición de activos; iv) el pago del valor por concepto de perpetuidad de flujos de caja libre; v) la indemnización por lucro cesante; vi) los intereses con una tasa pasiva de 6.65% obtenida del promedio de los años 2003 y 2008; y, vii) el ajuste de los balances financieros de la compañía en base a las glosas del SRI.

El objeto medular del juicio arbitral giró en torno a: i) la propiedad del actor del 50% de las participaciones de la compañía Plumavit; ii) la existencia de glosas tributarias a favor del Estado ecuatoriano; iii) la conversión de los balances y la tasa para el cálculo del margen Ebitda; iv) la tasa de actualización  para los años 1992 al 2002 y una tasa pasiva para el periodo correspondiente de restitución, hasta la fecha estimada de pago; v) la existencia de valores que el señor Chaparro recuperó en aplicación de la sentencia de la CIDH que debían considerarse en el arbitraje.

Mediante laudo arbitral de 12 de noviembre de 2012, el Tribunal Arbitral emitió su decisión en el que se reconoció al señor Chaparro únicamente un monto aproximado de USD 1 millón más intereses legales, decisión que fue favorable para el Estado Ecuatoriano toda vez que con la adecuada estrategia de defensa de la Procuraduría General del Estado se logró un ahorro de aproximadamente USD 3 millones sobre la cuantía demandada.