3.2.1      Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH

3.2.1.1       Medida Cautelar solicitada por directivos y trabajadores de diario El Universo

La solicitud de medidas cautelares nació a partir de las decisiones sancionatorias dictadas en el año 2015 por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) contra Diario El Universo; ante ello, el 18 de junio de 2015, directivos y trabajadores de diario El Universo solicitaron que la CIDH dicte medidas cautelares a su favor, encaminadas a la protección de supuestas vulneraciones a sus derechos de libertad de expresión, propiedad y debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales relativos a las disposiciones emitidas por la Supercom. El Estado por su parte, insistió en su posición sostenida en varias ocasiones sobre la falta de competencia convencional de la CIDH para dictar medidas cautelares. Sin perjuicio de aquello, el Ecuador remitió observaciones jurídicas e información, mismas que demostraron que la solicitud de medidas cautelares no implicaba la existencia de un daño inminente, grave ni irreparable y no existía un nexo de causalidad entre lo relatado y el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad; en consecuencia, se demostró que los solicitantes no fueron limitados en su facultad personal de buscar, recibir y difundir información; asimismo, no fueron impedidos, de ninguna manera, del uso y goce de sus bienes. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó al Ecuador, el 22 de junio de 2016, que  la Comisión Interamericana concluyó que la solicitud de medidas cautelares no reunió los requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento; en consecuencia, las medidas cautelares solicitadas por los directivos de diario El Universo no fueron otorgadas.

3.2.1.1       Ortega (Caso Banco Continental)

Caso que se originó sobre la base del recurso de inconstitucionalidad que el señor Leonidas Ortega Trujillo interpuso en 1996 ante el entonces Tribunal Constitucional, respecto a la presunta inconstitucionalidad de tres resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Bancos. La petición se presentó ante la CIDH en 1997 y se transmitió al Estado en 1998. El caso se encontró durante varios años en etapa en admisibilidad. El Estado solicitó el archivo por inactividad del mencionado caso, y aunque la CIDH publicó el archivo de su petición en el año 2016, el Estado no ha recibido aún la notificación correspondiente. Dentro de las observaciones de la defensa presentada por el Estado, se discutieron aspectos de competencia y fondo de manera simultánea por las pretensiones planteadas en la petición. El Estado demostró que el peticionario contó con una fórmula de juicio justo en la que no existió intromisión alguna en la independencia del juzgador como fue planteada en la alegación. De otro lado, el Estado demostró que el peticionario tuvo acceso y ejerció el recurso adecuado y efectivo para su defensa, sin haberse restringido ninguna garantía procesal dentro de este ejercicio. La petición fue presentada en el año 1997, y existió actividad procesal hasta el año 2005. Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. El 11 de julio de 2017, El Estado ecuatoriano recibió una notificación de la CIDH, mediante la que ese organismo comunicó su resolución de 26 de noviembre de 2016, de archivar definitivamente el asunto llevado a su conocimiento.

3.2.1.2  James Judge

Caso relacionado con la máscara de oro con ojos movibles de platino que fue hallada en 1967, en la Isla de la Tolita durante excavaciones realizadas por el señor James Judge, sin contar con autorización para ello, quien encontró varios objetos arqueológicos entre los que destacó la máscara de oro. La joya fue declarada propiedad del patrimonio nacional mediante Decreto Supremo 320 de 6 de mayo de 1975 y actualmente es propiedad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El señor Judge alegó que la propiedad de la máscara le correspondía, y que al aplicarle el Decreto Supremo retroactivamente, su derecho a la propiedad había sido conculcado. Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) el peticionario solicitó una indemnización de USD 11´816.000,00  valor sustentado en el costo de la máscara y en la presunta violación a sus derechos, monto que resulta invaluable por ser parte del patrimonio nacional. La defensa del Estado, tras un proceso que duró casi 16 años, logró probar que el señor Judge no estaba autorizado a realizar excavaciones en la Isla de la Tolita, así mismo, probó que la máscara de oro con ojos movibles de platino es parte del patrimonio nacional ecuatoriano, por lo que no cabía otorgar indemnización alguna al señor Judge. El 29 de noviembre de 2016, la CIDH, en su Informe de Fondo No.45/16, señaló que “el Estado de Ecuador no es responsable por la violación al derecho a la propiedad del señor James Judge” y, por tanto, “no resulta exigible al Estado ecuatoriano el pago de una justa indemnización”. De igual manera el órgano internacional en el citado informe recomendó al Estado “adoptar las medidas necesarias para que el señor James Judge pueda contar con una decisión definitiva en el marco del recurso de inconstitucionalidad que presentó en 1993”. Al respecto, el 3 de marzo de 2017, el Estado informó a la CIDH que la Corte Constitucional, como entidad competente para conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad contra actos normativos, estableció en sesión de Pleno, que la decisión emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales el 27 de diciembre de 1995, mediante la cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad, es la decisión definitiva en la casusa No. 26-93. Informando así sobre el cumplimiento total del Informe de Fondo. En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe No. 44/17 de 23 de mayo de 2017, en el que puso fin al proceso relacionado a la máscara de oro y ojos de platino, extraída de la Isla de la Tolita en la provincia de Esmeraldas, en virtud de que el Estado ha dado cumplimiento total del Informe No. 45/16.

3.2.1.3 Darwin García

En la madrugada el día 12 de septiembre de 1993, en un baile popular en la ciudad de Otavalo, se produjo un enfrentamiento entre los hermanos Segundo y José de la Cruz y el Señor Edwin Guzmán por una parte  y los hermanos Jorge Darwin y Franklin Plutarco Garcia por otra, lo que produjo la muerte de Darwin Garcia y lesiones de Franklin Garcia por disparos proferidos por Segundo de la Cruz. Al momento de los hechos los señores Segundo de la Cruz y Edwin Guzmán, eran miembros activos de la Policía Nacional, e hicieron uso de sus armas de dotación. El 09 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la muerte del señor Jorge Darwin García Espinoza y las lesiones a su hermano Franklin Plutarco García Espinoza, así como por las falencias en la investigación y la administración de justicia. El 28 de julio de 2015, la CIDH emitió un Informe acumulado de Admisibilidad y Fondo, en el cual recomendó:

  • Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declarados en el informe
  • Disponer mecanismos de no repetición, entre ellos: a) capacitación a la Policía Nacional sobre estándares internacionales en derechos humanos, b) mecanismos para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero, penal, disciplinario o administrativo en casos de presunto abuso de poder de agentes del Estado; y c) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

A partir de la fecha en la que el Estado fue notificado con el Informe de Admisibilidad y Fondo, se inició un proceso diálogo con el representante y apoderado de las víctimas reconocidas en el citado Informe,  a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en el cual la Procuraduría General del Estado acompañó y asesoró de manera activa y adecuada. En tal virtud, luego de que las partes han llegado a un acuerdo, el Procurador luego de realizar el control de legalidad correspondiente, autorizó mediante Oficio No. 12951 de 14 de noviembre de 2017 la firma del acuerdo de reparación entre el Ministerio del Interior y la apoderada especial de las víctimas con el cual se dio cumplimiento total del Informe de Admisibilidad y Fondo.