3.2.3      Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas

3.2.3.1       Caso Isaías

Caso presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 2012, por los señores Roberto y William Isaías, en el que alegaron la violación de derechos en relación al proceso penal seguido en su contra por el delito de peculado iniciado en el año 2000 y respecto a la emisión del Mandato Constituyente No.13 emitido en el año 2008.

En lo relacionado al proceso penal, el Comité de Derechos Humanos resolvió no examinar la queja relativa a la violación del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación. Estimó que no contaba con elementos suficientes para concluir que habrían existido dilaciones procesales indebidas y consideró que tampoco existían elementos suficientes para afirmar que la interpretación del artículo 257 del Código Penal realizada por los tribunales ecuatorianos en el proceso penal fue manifiestamente errónea o arbitraria, concluyendo que no hubo una violación al principio de legalidad. Esta decisión hace que la sentencia penal dictada en contra de los hermanos Isaías sea plenamente ejecutable.

Finalmente, el Comité consideró que la emisión del Mandato Constituyente N° 13, que prohibió la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD violó el derecho de los autores a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil y concluyó que el Estado debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantía en conformidad con el articulo 14 (1) del Pacto. Sobre este punto, el Estado en su contestación al Dictamen manifestó que los señores Isaías, siempre contaron con el recurso contencioso administrativo para impugnar la Resolución AGD de agosto de 2008, sin que ellos los hayan ejercido.

El Comité no dispuso el pago de una indemnización ni la restitución de bienes. El caso se encuentra en etapa de cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el Estado presentó sus observaciones al Comité en relación al dictamen, sin que se haya dado ninguna otra aclaración posterior.

3.2.3.2 Alarcón Flores (Jubilados Banco Central) – ONU

Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de ex servidores del Banco Central del Ecuador. Los peticionarios alegaron que se habría producido una vulneración al derecho a la seguridad social, a la protección a la familia y a la salud en contra de los ex empleados y jubilados de esa institución. La comunicación se presentó ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en 2016 y se transmitió al Estado en el mismo año.

El Estado remitió  sus observaciones respecto a la admisibilidad mediante oficios de 10 de febrero, 12 de abril, 16 de junio y 22 de agosto  de 2017 respectivamente, en los que argumentó la falta de competencia del Comité en razón del tiempo pues los hechos ocurrieron en 2009, mientras que el Protocolo Facultativo entró en vigencia en 2013; la falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna por parte de los denunciantes, al no haber agotado en ningún caso el recurso contencioso administrativo que era el efectivo e idóneo para solucionar la situación jurídica; y, además, alegó que la comunicación era manifiestamente infundada, debido a que el sistema de pensiones del que se beneficiaban los denunciantes era complementario, consistía en un seguro independiente y adicional, por lo que la suspensión de éste no implicaba la imposibilidad de acceso a las prestaciones y beneficios otorgados por el seguro general obligatorio.

De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos. En tanto que, según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta USD 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre USD 45.441 hasta USD 779.410. El mismo informe dio cuenta que,  el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez, como sucedió en el caso de los 117 ex funcionarios del Banco Central del Ecuador (BCE) que se jubilaron antes de cumplir 45 años y presentaron su comunicación ante el Comité, originó, entre otras cosas, por ejemplo, que solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de USD 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de USD 300 mil cada uno.

Tras el litigio internacional llevado adelante por la Procuraduría General del Estado, que tomó aproximadamente dieciocho meses, Ecuador, la defensa técnica jurídica ejercida, logró demostrar ante el Comité, la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación y así, el 12 de diciembre de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) transmitió al Estado ecuatoriano la decisión final adoptada por el ese organismo de las Naciones Unidas el 4 de octubre de 2017, en la que el Comité, tomando en cuenta toda la información proporcionada por las partes, acogió los argumentos del Estado ecuatoriano en relación a la excepción de competencia ratione temporis, en tal sentido el Comité, dictaminó que la comunicación es inadmisible de conformidad con el artículo 3(2)(b) del Protocolo Facultativo.

Aceptados los argumentos estatales, el Comité dictaminó que la supuesta violación alegada por los autores, ocurrió el 4 de marzo de 2009 y aunque estos aún sufran las consecuencias de la medida en cuestión, esta circunstancia no modifica la caracterización de ese acto como instantáneo. Por tanto, los hechos que dieron origen a la violación alegada no son de carácter continuado y tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo.

Con esta decisión, la causa queda archivada, y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de los 117 peticionarios, que hubiera representado para las arcas estatales, la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio, que solo en devolución de aportes y prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses y considerando la expectativa de vida, alcanzaría un valor de alrededor de USD 40 millones de dólares, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales por USD 1´400 mil dólares aproximadamente[1], costas y gastos producidas; y, deudas de créditos adquiridos por las presuntas víctimas que solicitaban sean suspendidos (USD 700 mil dólares aproximadamente)[2].

 

[1] Monto establecido tomando en consideración los montos ordenados por la Corte IDH en los casos Cinco pensionistas Vs. Perú, Quintana Coello Vs. Ecuador y Lagos del Campo Vs. Perú.

[2] Contraloría General del Estado, oficio 21901-DA.1 de 18 de noviembre de 2009.