3.2.4      Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH

Caso en litigio

Admisibilidad

3.2.4.1       Velásquez Coello y otro (Ex Vocales del Tribunal Constitucional)

Caso presentado por los doctores Santiago Velásquez Coello y Jorge Guillermo Alvear, ex presidente y ex cocal del Tribunal Constitucional, en torno a la supuesta destitución arbitraria de sus funciones en 2007 por parte del Congreso Nacional y por la cual interpusieron un amparo constitucional en noviembre de 2007 que les fue negado. Los peticionarios alegan además sobre la violenta incursión que fue objeto el Tribunal Constitucional de la época, el día anterior a la cesación. La petición se presentó ante la CIDH en 2009 y se transmitió al Estado en 2015.

El Estado ha discutido principalmente la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna. Para ello, desarrolló en diferentes escritos, un estudio completo de la naturaleza jurídica del amparo constitucional, que si bien los peticionarios acreditaron haberlo interpuesto, lo hicieron de forma inadecuada y tardía, sin permitir que el recurso cumpla las condiciones procesales y efectos jurídicos contenidos en la Constitución y en la norma procesal constitucional de la época.

De otro lado, el Estado ha demostrado también que no se agotó el recurso subjetivo o de plena jurisdicción que estaba disponible en la legislación ecuatoriana, y que permitía sin obstáculos, impugnar la Resolución del Congreso Nacional que supuestamente vulneró los derechos de los peticionarios.

En el caso, la Procuraduría ha podido demostrar que los peticionarios en su condición de ex magistrados del Tribunal Constitucional, conocían perfectamente de la práctica de los recursos constitucionales, por lo cual, los propios peticionarios no pueden argumentar desconocimiento sobre las características del recurso; por lo tanto el Estado ha demostrado que la utilización del amparo constitucional de forma tardía no puede ser imputado a la responsabilidad internacional del Estado.

Derechos supuestamente vulnerados: integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, protección de la honra y dignidad, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 8 de febrero de 2017, fecha en la que Ecuador envió observaciones adicionales de admisibilidad.

3.2.4.2       Álvarez Antonio y otros (diputados cesados)

Caso en torno a 57 diputados del ex Congreso Nacional, quienes iniciaron sus funciones el 5 de enero de 2007 y fueron destituidos el 7 de marzo de 2007 por el entonces Tribunal Supremo Electoral, destitución fundamentada en la obstrucción al proceso electoral de consulta popular convocada por ese organismo electoral el 1 de marzo de 2007. La petición se presentó ante la CIDH en 2007 y se transmitió al Estado en 2008.

El Estado ecuatoriano solicitó a la Comisión Interamericana, que declare la inadmisibilidad de la petición, esto en virtud de que los peticionarios no agotaron los recursos internos, como el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, esto vinculado al principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano.  Así mismo, el Estado alegó que los hechos alegados por los peticionarios, no caracterizan una violación a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Derechos supuestamente vulnerados: garantías judiciales, protección judicial, irretroactividad de la ley, derechos políticos e igualdad ante la ley. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 20 de enero de 2016, nota de la CIDH mediante la que acusó recibo de las observaciones adicionales al Estado.

3.2.4.3       Arosemena Camacho

Caso vinculado a reclamo presentado por los ex vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, doctores Xavier Arosemena Camacho y Rosa Cotacachi que fueron separados de sus cargos en 2009, sobre la base de la sentencia interpretativa  No. 05-09-SIC-CC dictada por la Corte Constitucional. La petición se presentó ante la CIDH en 2009 y se transmitió al Estado en 2015.

Dentro de la argumentación presentada por la Procuraduría, el Estado demostró que la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, interpretó el artículo 232 de la Constitución del Ecuador y, a base de dicha interpretación el 1 de octubre de 2009, determinó que los doctores Xavier Arosemena Camacho y Rosa Cotacachi Narváez se encontraban incursos en la prohibición de continuar desempeñando sus funciones como vocales del Consejo de la Judicatura, ya que los dos habían sido designados en representación de las Cortes Superiores de Justicia, FENAJE y Federación de Abogados; por esta razón su separación como vocales  del Consejo Nacional de la Judicatura, no responde a una decisión arbitraria ni discrecional.

Dentro de este contexto, la cesación de los peticionarios como vocales del Consejo de la Judicatura, respondió al estricto cumplimiento de la nueva Constitución del Ecuador y al Régimen de Transición. Este hecho, correspondió a un cambio de norma constitucional que jamás violo ningún derecho, ya que su designación como vocales fue con base en los requisitos de la Constitución que dejó de estar en vigencia. La defensa jurídica el Estado demostró también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa al señalar que es incompetente para determinar el alcance de decisiones internas.

Derechos supuestamente vulnerados: garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 13 de diciembre del 2017, nota de la CIDH mediante la cual acusó recibo de las observaciones enviadas por el Estado.

3.2.4.4       Kañari

Petición presentada por el señor Carlos Pérez Guartambel en torno a los supuestos efectos y vulneraciones que habría generado in-abstracto la Ley de Minería publicada en 2009, situación que motivó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad de la citada ley en marzo de 2009 y que fue denegada por la Corte Constitucional en marzo de 2010. La petición se presentó ante la CIDH en 2010 y se transmitió al Estado en 2016.

La PGE ha desarrollado una estrategia de defensa que plantea varias excepciones preliminares para señalar la incompetencia de la CIDH para conocer el caso. La primera de ellas está basada en la regla de los seis meses, debido a que los peticionarios presentaron su denuncia a la CIDH, el 21 de diciembre de 2010, es decir 9 meses después de haberse generado la decisión definitiva que según sus alegaciones, habría vulnerado derechos.

De otro lado, el Estado también ha demostrado que existe una incompetencia ratione personae puesto que  la falta de identificación de las supuestas víctimas dentro del caso, provoca que la CIDH, se encuentre frente a un reclamo in-abstracto, pues aunque se mencionan diversas organizaciones campesinas de la provincia del Azuay, la indeterminación de los individuos que buscan protección, no aparece en ninguna parte del escrito, tampoco se hace mención alguna a los hechos concretos que supuestamente habrían generado daños en las personas.

Adicionalmente, el Estado ha presentado en derecho la excepción de ausencia de elementos jurídicos que caractericen una violación de derechos humanos, esta línea jurídica se basa en la demostración de que los peticionarios pretenden que la Comisión se pronuncie frente a ciertos asuntos que no exhiben una vulneración aparente, respecto a la inconformidad con relación a la Ley de Minería, exigiendo que la que CIDH analice in-abstracto a dicha norma, y que se pronuncie sobre la constitucionalidad de dicha ley, asunto que no le corresponde y para lo cual no tiene competencia.  También el Estado ha señalado la fórmula de cuarta instancia al conocer que las pretensiones de los peticionarios se ubican en asuntos que implican una revisión de justicia de los tribunales nacionales.

Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 14 de julio del 2017, nota de la CIDH a través de la que acusó recibo de observaciones de admisibilidad del Ecuador enviadas el 25 de abril del 2017.

3.2.4.5       Villavicencio, Jiménez y Figueroa

Petición presentada por los señores Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, que se deriva de su denuncia efectuada en el año 2011 ante la Fiscalía General del Estado, en torno a los hechos del 30 de septiembre de 2010, en la cual acusaban al Presidente Constitucional de la República, de un supuesto crimen de lesa humanidad. Junto al caso, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de los peticionarios. La petición se presentó ante la CIDH en 2014 y se transmitió al Estado en el mismo año.

Respecto a la petición, el Estado ha señalado que es necesario considerar que dentro de la discusión sobre admisibilidad, el Estado ha observado todas las garantías del debido proceso, particularmente el Estado examinó el principio de legalidad, el derecho a defensa, la institución de indubio pro-reo, para determinar que los peticionarios no logran sustentar una petición que demuestra a simple vista una vulneración a derechos humanos que deba ser examinada por la Comisión (ausencia de elementos jurídicos que caractericen una violación a derechos humanos). Las alegaciones de los peticionarios que pretenden que la CIDH se pronuncie como otro Tribunal Nacional permitieron también que el Estado deduzca su posición sobre cuarta instancia.

Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección judicial, libertad de pensamiento y expresión. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 8 de junio de 2017, nota de la CIDH a través de la que acusó recibo de observaciones enviadas por el Estado en mayo del 2017.

3.2.4.6       Nuques

El caso se originó cuando en los años 1967-1969 se emitieron títulos de crédito (tributario) con los que no se habría notificado a los peticionarios, por lo que la Jefatura de Recaudaciones inició un proceso coactivo a través de cual se habría embargado bienes que superaban el valor de la supuesta obligación, lo que desencadenó en la interposición de procesos iniciados en 1997 ante la jurisdicción contencioso tributaria, posteriormente en las esferas civil y penal. En el año 2007 se suscribió un acta de mediación entre los peticionarios y la administración tributaria mediante la cual acordaron un pago a los señores Nuques, por un valor de USD 23 millones  a cambio de desistimiento del proceso tributario; en virtud de la suscripción de dicha acta se inició un proceso penal de falsificación ideológica y otro proceso civil de nulidad de acta de mediación.

La petición se presentó ante la CIDH en 2011 y se transmitió al Estado en 2014.

El Estado requirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declare la inadmisibilidad del presente caso, esto en virtud de la incompetencia de la Comisión en razón del tiempo.  Los hechos del caso se suscitaron en los años 1967 – 1969, sin embargo la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigencia para Ecuador a partir del 18 de julio de 1978.  Así mismo, el Estado alegó de manera subsidiaria, el incumplimiento de la regla de los 6 meses, dado que la petición fue presentada de manera extemporánea, cuando habían transcurrido más de 27 meses de la última decisión judicial definitiva.

Derechos presuntamente vulnerados: libertad personal, garantías judiciales, propiedad, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de  4 de agosto del 2017, fecha en la cual el Estado respondió a las observaciones realizadas por el peticionario en julio del 2017.

3.2.4.7       Laron

Petición que versa en torno a la existencia de aproximadamente 30 niños que padecen el Síndrome de Larón –constituyéndose este grupo en el 90% de la población mundial con esta enfermedad- quienes requieren que la medicina (Increlex) sea suministrada por el Estado. Presentaron una acción de protección en 2010 que fue resuelta a su favor; sin embargo, no fue acatada integralmente lo que produjo la presentación de una acción de incumplimiento en el año 2014 ante la Corte Constitucional, que fue resuelta favorablemente para el accionante y en la que se dispuso a varias instituciones del Estado, emprendan acciones relacionadas al caso de los niños con este síndrome. La petición se presentó ante la CIDH en 2011 y se transmitió al Estado en 2014.

La posición jurídica del Estado en fase de admisibilidad se presentó en dos sentidos:

Antes de que se resuelva la acción de incumplimiento: El Estado alegó como excepción preliminar la falta de agotamiento de recursos internos, toda vez que en el ámbito nacional se estaba desarrollando la acción de incumplimiento. Así mismo, se expuso que no se podría aplicar la figura per saltum a esta petición ya que no se ha comprobado gravedad y urgencia en torno al caso, lo cual se comprueba con el propio pronunciamiento de la CIDH respecto a las medidas cautelares solicitadas por el señor Vasco.

Una vez resuelta la acción de incumplimiento: el Estado refirió que en aplicación del principio de subsidiariedad, la Comisión no era competente para conocer esta petición, ya que la misma fue resuelta en el ámbito nacional. Adicionalmente, el Estado refirió que el derecho a la salud no es justiciable ante el SIDH, por lo que existe incompetencia en razón de la materia por parte de la CIDH.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, derecho de los niños, protección judicial. Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 12 de octubre de 2017, nota mediante la cual la CIDH acusó recibo de las observaciones enviadas por el Estado.

3.2.4.8       Manuel Silva

El caso se refiere a un oficial de Policía encargado de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, contra quien se instruyó un procedimiento administrativo disciplinario por mala conducta profesional que culminó con la baja de las filas policiales en 2009. El oficial presentó una acción de protección que fue rechazada en primera y segunda instancia. Paralelamente se inició contra él un proceso penal por el presunto delito de violación a los deberes de los funcionarios públicos que concluyó con auto de sobreseimiento provisional del proceso y del procesado. La petición se presentó ante la CIDH en 2010 y se transmitió al Estado en 2016.

El Estado alegó falta de agotamiento de recursos internos por no haberse impugnado por vía contencioso administrativa las resoluciones relacionadas a su baja de las filas policiales, ni haberse presentado una querella por injurias por las presuntas declaraciones públicas que habrían afectado a su honra.

Adicionalmente, el Estado demostró que dentro del caso no existió ningún hecho que permita acreditar una aparente vulneración de los derechos del peticionario, pues, en primer lugar, para la emisión del Acuerdo Ministerial que resolvió la baja del peticionario, se siguió el procedimiento pertinente que determinó que incurrió en la causal e) del artículo 66 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, sin que el peticionario haya hecho uso de los recursos adecuados y efectivos que se encontraban a su disposición, tanto así que ni siquiera impugnó por vía alguna el Acuerdo Ministerial con el que se efectivizó su baja.

Por otro lado, en relación al proceso penal seguido en contra de Manuel Silva por el presunto delito de  violación a los deberes de los funcionarios públicos, el mismo que fue calificado por el peticionario como un ataque injustificado a su honra, se demostró que se siguió el proceso legal correspondiente que culminó con la falta de acusación fiscal y sobreseimiento del proceso y del procesado, sin que se hayan dictado medidas de privación de libertad en contra del peticionario y sin que en ningún momento se hayan vulnerado sus derechos.

Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, protección judicial.  Se encuentra en etapa de admisibilidad. La última actuación registrada es de 17 de julio 2017, nota mediante la cual la CIDH acusó recibo de las observaciones enviadas por el Estado.

 

 

Fondo

3.2.4.9 Andrade Almeida y otros (Fybeca)

Caso originado en 2003 a partir del asalto a una farmacia en la ciudad de Guayaquil y la consiguiente incursión que realizó la Policía Nacional con el objeto de evitar el robo, lo que dejó como resultado 8 personas fallecidas y según las denuncias establecidas por los familiares de las presuntas víctimas, 3 desaparecidos. Caso documentado en el informe de la Comisión de la Verdad que actualmente está en una nueva judicialización penal. La petición inicial se presentó ante la CIDH en 2006, se transmitió al Estado en 2007 y se acumuló en 2011.

La posición jurídica del Estado para señalar la incompetencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha basado en varias líneas. La primera de ellas se basó en el carácter jurídico de la  subsidiariedad, complementariedad y coadyuvancia vinculada a la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna relacionada con la  Comisión de la Verdad del Ecuador

La segunda línea de defensa jurídica, planteada también desde la subsidiariedad, demostró el proceso de judicialización y sanción a responsables del caso, en los que el Estado ecuatoriano, entendiendo la noción convencional de respeto y garantía de derechos humanos, asumió una nueva investigación de los hechos, considerando al primer juzgamiento como cosa juzgada fraudulenta, con la fundamentación de esta investigación, se instauró un proceso dotado de todas las garantías procesales penales básicas y que implicó finalmente la sanción a responsables, y medidas reparatorias para las víctimas.

La tercera línea de defensa jurídica del Estado explicó, de forma detallada, que a partir del 13 de diciembre de 2013 fue promulgada la Ley para la Reparación de las Victimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, a través de la cual el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad respecto de las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad. El artículo 3 de la referida Ley dispuso la creación de mecanismos de reparación a las víctimas y sus familiares, asignándole competencias específicas a varias instituciones del Estado, entre las que se encuentran la Defensoría del Pueblo, que estaría a cargo del Programa de Reparación por vía administrativa, y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que estaría a cargo de la indemnización por daño material e inmaterial de las víctimas.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales e igualdad ante la ley. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 22 de diciembre de 2017, en que la CIDH notificó al Estado ecuatoriano el informe de admisibilidad del caso.

En fase de fondo el Estado ecuatoriano está en espera de que la Comisión Interamericana notifique con las observaciones sobre el fondo del peticionario, para entonces dentro del plazo correspondiente, contestarlas.

3.2.4.10  Guadalupe Llori:

El caso se originó por los hechos ocurridos a finales del mes de noviembre de 2007, en la parroquia rural Dayuma, provincia de Orellana, cuando se llevaron a cabo una serie de manifestaciones por parte de un grupo de pobladores de la zona, quienes entre otras cosas reclamaban mejoras en las vías, servicios básicos y derechos de explotación directamente a los gobiernos locales. Las manifestaciones dieron origen a procesos penales en contra de los manifestantes, entre ellos la peticionaria quien era prefecta de Orellana, por el delito de terrorismo organizado. En este proceso la peticionaria fue condenada; sin embargo, el 14 de marzo de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente le concedió amnistía, por lo que fue liberada. Paralelamente se le iniciaron dos procesos por el delito de peculado, mismos que concluyeron con su sobreseimiento definitivo del proceso y de la imputada. La petición se presentó ante la CIDH en 2008 y se transmitió al Estado en 2013.

La principal alegación del Estado se vinculó a la falta de agotamiento de recursos internos, así el Estado dejó en evidencia que al momento de presentar la petición, existían procesos judiciales que aún no contaban con una decisión definitiva, lo que contraviene la regla de previo agotamiento de recursos internos.

Derechos supuestamente vulnerados: integridad personal, garantías judiciales. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 4 de diciembre de 2017, fecha en la que la CIDH remitió al Estado el informe de admisibilidad dentro del caso.

En fase de fondo el Estado ecuatoriano está en espera de que la Comisión Interamericana notifique con las observaciones sobre el fondo del peticionario, para entonces dentro del plazo correspondiente, contestarlas.

3.2.4.11  Alejandro Peñafiel

Caso relacionado a la “liquidación forzosa” del Banco de Préstamos en Ecuador, 1998, medida que alegan los peticionarios habría resultado injustificada ya que el Banco se encontraba en situación de solvencia a pesar de lo cual las autoridades nacionales habrían atribuido públicamente a la entidad bancaria el haber ocasionado graves daños a la situación financiera en Ecuador. Se inició contra el señor Alejandro Peñafiel un proceso penal por el delito de defraudación, se solicitó ordenar su extradición. El señor Peñafiel fue extraditado a Ecuador en 2001, siendo privado de libertad por las autoridades ecuatorianas; los peticionarios afirman que el señor Peñafiel permaneció ilegal y arbitrariamente privado de la libertad al haber estado bajo un régimen de prisión preventiva. La petición se presentó ante la CIDH en 2002 y se transmitió al Estado en el mismo año. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2012.

El Estado en su escrito sobre el fondo alegó la inexistencia de violación al derecho a la libertad personal, pues la prisión preventiva ordenada en contra del señor Peñafiel, se la dio en el marco del proceso penal que se seguía en su contra por el delito de peculado;  así mismo alegó la no violación al derecho al debido proceso y protección judicial, pues el proceso penal en su contra se siguió observando los principios del debido proceso.  El Estado también alegó, inexistencia de violación por parte del Estado al derecho a la propiedad del señor Peñafiel, pues la limitación a la misma, se dio atendiendo los parámetros dispuestos por la Corte Interamericana y al amparo de la Ley de Reordenamiento en materia Tributaria Financiera. Finalmente, el Estado alegó la inexistencia de violación al principio de legalidad, pues al contrario de lo que afirmó el peticionario, el delito de peculado se encontraba previsto en la normativa ecuatoriana desde 1977.

Derechos presuntamente vulnerados: libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, propiedad, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 1 de junio de 2015, nota de la CIDH a través de la que trasladó solicitud de los peticionarios para que se dicte informe de fondo.

3.2.4.12  Manuel Camacho Coloma

Caso relacionado al presunto daño físico irreparable (parálisis permanente en extremidades) infringido al señor Camacho, posteriormente elegido asambleísta alterno, por la provincia de los Ríos, producido en el curso de un operativo policial suscitado en el año 1999, en el que se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza letal, así como por la falta de investigación, procesamiento y sanción de los culpables de estos hechos. La petición se presentó ante la CIDH en 2007 y se transmitió al Estado en 2011. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2016.

El Estado ecuatoriano expresó en su posición jurídica, que el operativo realizado por la Policía Nacional cumplió con los estándares respecto al uso de la fuerza, adicionalmente, el Ecuador indicó que en el desarrollo del proceso penal se garantizó el debido proceso y el peticionario tuvo acceso a diversos recursos. Así también se manifestó que la petición fue presentada extemporáneamente.

En fase de fondo el Estado ecuatoriano está en espera de que la Comisión Interamericana notifique con las observaciones sobre el fondo del peticionario, para entonces dentro del plazo correspondiente contestarlas.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. En fase de fondo el Estado ecuatoriano está en espera de que la Comisión Interamericana notifique con las observaciones sobre el fondo del peticionario, para entonces dentro del plazo correspondiente, contestarlas.

3.2.4.13  Paola Guzmán

Caso relacionado a una adolescente que en el año 2002, habría sido víctima de acoso sexual y estupro por parte del vicerrector de un colegio de Guayaquil, circunstancia que habría llevado a suicidarse a la menor. En jurisdicción nacional se inició un proceso administrativo, uno penal y uno civil. La petición se presentó ante la CIDH en 2005 y se transmitió al Estado en 2007. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2008.

El Estado en sus diferentes escritos ha evidenciado tanto la normativa de protección a niños, niñas y adolescentes que se encontraba vigente en la época de los hechos, así como la evolución normativa en la temática de protección y prevención de violencia a este grupo poblacional en los ámbitos educativos y de salud.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 22 de febrero de 2016, nota de la CIDH mediante la que acusó recibo respecto a la queja presentada por el Estado sobre la falta de notificación a Ecuador para la audiencia ante la CIDH.

3.2.4.14  Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas

El caso se originó por la muerte del niño Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas en el año 2002, a consecuencia de supuestas deficiencias y omisión del personal de un hospital privado de la ciudad de Guayaquil, en el tratamiento, monitoreo de su estado de salud posterior a una intervención quirúrgica y en relación a estos hechos, la falta de investigación efectiva, encaminada al juzgamiento y sanción de los responsables. La petición se presentó ante la CIDH en 2006 y se transmitió al Estado en 2008. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2012.

El Estado alegó que la CIDH actuaba como una cuarta instancia. En cuanto al tratamiento de fondo, se reafirmó la posición estatal en cuanto a la inexistencia de responsabilidad internacional del Ecuador, ya que en el ámbito interno la peticionaria contó con mecanismos penales y civiles que garantizaban sus derechos, así mismo, la defensa ecuatoriana demostró que su normativa garantiza el derecho de los ciudadanos tanto en instituciones de salud pública como privada.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, derechos del niño, garantías judiciales, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 3 de agosto de 2017, nota de la CIDH mediante la que acusó recibo de las observaciones enviadas por el Estado.

3.2.4.15  Aguinaga (Tribunal Supremo Electoral)

Caso en torno a la petición de Carlos Aguinaga Aillón quien sostiene que fue reelegido legítimamente como vocal del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador el 9 de enero de 2003, para un periodo de 4 años, pero el Congreso Nacional habría dispuesto arbitrariamente su cesación de funciones en el año 2004. La petición se presentó ante la CIDH en 2005 y se transmitió al Estado en el mismo año. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2013.

La defensa jurídica del Estado subrayó que la Resolución Parlamentaria R-25-160 que supuestamente habría sido arbitraria según las alegaciones del peticionario, fue un acto administrativo regulado y emanado de una autoridad competente, pues el artículo 130.1 de la Constitución Política de 1998 establecía que el Congreso Nacional era el encargado de nombrar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, conocer sus excusas y designar sus reemplazos.

El Estado señaló también que el peticionario no agotó los recursos internos, porque podía haber interpuesto una acción contencioso-administrativa para cuestionar la Resolución que dispuso su cese, ya que esta acción puede ser iniciada por cualquier persona natural para cuestionar un acto que vulnere sus derechos o intereses directos.

Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 7 de julio de 2017, nota de la CIDH a través de la que acusó recibo de observaciones adicionales sobre el fondo, presentadas por Ecuador.

3.2.4.16  Lorenzo Cedeño (Caso Neonatos del Hospital de Chone)

El caso es originado por muertes de recién nacidos en sala de neonatología del hospital público “Napoleón Dávila Córdova” en la ciudad de Chone producidas durante los años de 2005 y 2006, los peticionarios son los padres y madres de cinco niños recién nacidos que fallecieron quienes afirman que las muertes se habría producido porque la sala supuestamente estaba contaminada por pseudomonas, (supuestamente causadas por el mal estado de la instalación de aire acondicionado) la insalubridad del lugar y la falta de higiene de los funcionarios del hospital. La petición se presentó ante la CIDH en 2007 y se transmitió al Estado en 2008. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2013.

La defensa jurídica del Estado señaló que  no está demostrado en el caso que las bacterias hayan sido determinantes en la muerte de los neonatos  y que ello no obedece a una actuación u omisión del Estado.

El Estado señaló que si el peticionario consideraba que existían irregularidades en el proceso, pudo haber valorado la posibilidad de interponer un juicio de recusación durante el proceso penal; una acción por daños y perjuicios y/o una acción por daño moral. Asimismo, indicó que la intención de los peticionarios era que la Comisión actuara como cuarta instancia, examinando los supuestos errores de los tribunales nacionales.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 1 de julio de 2013, fecha en la que el Estado presentó observaciones adicionales sobre el fondo.

3.2.4.17  Tagaeri

El caso Tagaeri-Taromenane contempla dos temporalidades:

Hechos 2003-2006: Varios miembros del grupo Taromenani habrían sido asesinados el 26 de abril de 2006 en el sector del Cononaco (río Chiripuno) en el contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera que en el Parque Yasuní y la invasión del territorio indígena.

Hechos 2013: Siete años después de haber presentado su petición en relación con los hechos de 2003 y 2006, los peticionarios agregaron alegaciones basadas en un enfrentamiento en el que estarían involucrados miembros de la Pueblos en Aislamiento Voluntario ocurridos en marzo 2013, hechos que son ajenos a los que fundamentaron su petición ante la Comisión. El Estado ecuatoriano señala que, según las propias afirmaciones de los peticionarios, estos hechos posteriores involucrarían a intervinientes distintos que los del caso. Además, estos nuevos hechos tratan de violaciones a derechos que no habían sido abordados por los peticionarios respecto a los eventos de 2003-2006.

Se debe recalcar que en este caso, la CIDH dictó medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane.

La petición se presentó ante la CIDH en 2006 y se transmitió al Estado en el mismo año. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2014.

Dentro del caso, tanto en la audiencia de fondo convocada por la CIDH en octubre del año 2015, como en los diferentes escritos presentados en esta etapa, la Procuraduría General del Estado, demostró la existencia de errores procesales en el trámite interamericano, por cuanto la CIDH ha permitido a los peticionarios que construyan su caso utilizando para ello, hechos ajenos a la controversia original presentada ante el organismo entre los años 2003 a 2006.

La defensa jurídica del Ecuador evidenció la intención de los peticionarios que pretendían que el Estado se pronuncie sobre asuntos relacionados al año 2013, e inclusive, respecto a situaciones posteriores y ajenas a la controversia que se ventilan ante la CIDH. La Procuraduría General del Estado demostró también que los testigos propuestos en la audiencia sobre el fondo  por los peticionarios, presentaron testimonios inconsistentes. Por su parte, Ecuador logró demostrar la existencia de política pública de protección al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane, a través de la Zona Intangible de Conservación de 785.051 hectáreas, así como de otros mecanismos con altos estándares de protección implementados por el Ecuador.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, garantías judiciales, derecho del niño, igualdad ante la ley, protección judicial. Ante el SIDH se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 7 de marzo de 2016, nota de la CIDH por medio de la que acusó recibo de la información remitida por el Estado.

3.2.4.18  Ricardo Vaca

Petición presentada en relación a la destitución del doctor Vaca quien ejercía funciones de vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, según afirma, su destitución se habría producido en el año 2003 y estaría relacionada con las denuncias de corrupción que él habría investigado en ejercicio de sus funciones. La petición se presentó ante la CIDH en 2007 y se transmitió al Estado en 2008. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2013.

El Estado señaló que el reclamo era inadmisible ya que el peticionario no habría agotado los recursos previstos en la jurisdicción interna, según exige la Convención Americana.  Concretamente, el Estado alega que el 4 de septiembre de 2004 el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha al resolver la demanda de amparo señaló que el recurrente debió seguir la acción legal que correspondía si consideraba que los “actos ilegítimos” demandados eran ilegales por lo que rechazó la acción de amparo por improcedente e indicó que los reclamos deben ser planteados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  Indica que la mencionada decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, el Estado indicó que la acción de amparo revestía un carácter extraordinario, excepcional y subsidiario.  Alegó que el acto administrativo impugnado por el peticionario con el amparo constitucional se fundamentó en el artículo 120 de la Constitución Política del Ecuador y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura.

Derechos presuntamente vulnerados: integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, libertad de pensamiento y expresión, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 20 de abril de 2017, nota de la CIDH a través de la que acusó recibo de observaciones de fondo, remitidas por Ecuador.

3.2.4.19  Julio García

El caso se relaciona al fallecimiento del fotógrafo chileno Julio García, quien perdió la vida el 19 de abril de 2005, como supuesta consecuencia de la represión policial sufrida que tuvo lugar durante las manifestaciones que él cubría y que terminaron con la caída del régimen del Presidente Lucio Gutiérrez. La petición se presentó ante la CIDH en 2008 y se transmitió al Estado en el mismo año. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2013.

Respecto a la defensa del Estado es necesario señalar que el Ecuador manifestó a la Comisión, la inexistencia de vulneraciones al artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana que definen las obligaciones generales de respeto y garantía y adecuación normativa, por contar con un mecanismo de investigación y sanción a responsables basado en la actuación de la Fiscalía General del Estado de acuerdo al Informe Final de  la Comisión de la Verdad del Ecuador.

Adicionalmente, respecto al derecho a la vida contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ecuador ha referido su análisis bajo la doctrina de riesgo previsible y evitable desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo lo cual debe entenderse la obligación del Estado en materia de protección del derecho a la vida, y en general a las medidas de prevención de una vulneración de derechos, incluso del análisis del deber estatal de debida diligencia.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 22 de febrero de 2016, nota de la CIDH mediante la que acusó recibo de observaciones de fondo, remitidas por el Estado.

3.2.4.20  Emilio Palacio

Caso presentado por el señor Emilio Palacio a quien se le inició proceso penal en el año 2011 por el delito de injurias calumniosas, que concluyó con la sentencia al periodista a una pena privativa de libertad, multa y pago de daños y perjuicios, pena que quedo insubsistente en virtud de la remisión por parte del agraviado. El proceso fue iniciado a raíz de la publicación de un artículo de opinión en el que acusaba al Presidente de la República de haber cometido delitos de lesa humanidad, supuestamente generados el 30 de septiembre de 2010 cuando se produjo una movilización en contra del Presidente, liderada por miembros de la Policía Nacional. La petición se presentó ante la CIDH en 2011 y se transmitió al Estado en 2012. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2015.

El Estado ha solicitado a la Comisión Interamericana que declare la inexistencia de violación por parte del Estado ecuatoriano, a los derechos a la libertad de expresión, debido proceso y protección judicial del señor Palacio, esto en virtud de que el señor Palacio no ha sido privado en ningún momento de expresarse libremente, como lo continúa haciendo hasta la actualidad.  De igual manera, el Estado en sus escritos de fondo ha dejado claro que el proceso penal por el delito de injurias, se llevó a cabo observando el debido proceso, así mismo el señor Palacio pudo recurrir de cuanta decisión judicial consideró pertinente.

Derechos presuntamente vulnerados: honra, libertad de expresión, libertad personal, debido proceso, propiedad y garantías judiciales. Se encuentra en etapa de fondo. . La última actuación registrada es de 22 de mayo de 2017, nota de la CIDH mediante la que acusó recibo de observaciones de fondo, remitidas por el Estado ecuatoriano.

3.2.4.21  Luis Eduardo Guachalá

Caso que versa sobre un paciente que se encontraba interno en un hospital público psiquiátrico de Quito y habría desaparecido en 2004. Los representantes del caso han alegado la responsabilidad internacional del Estado por ausencia de  acciones tendientes a dar con el paradero del señor Guachalá en el ámbito interno y que la presunta víctima se encontraba bajo el cuidado del Estado. La petición se presentó ante la CIDH en 2007 y se transmitió al Estado en 2008. La CIDH emitió informe de admisibilidad en 2010.

Respecto a la posición jurídica, se debe indicar que el Ecuador tanto en sus documentos escritos como en la audiencia pública celebrada el 4 de abril de 2016, refirió constantemente que este asunto no se relaciona con una desaparición forzada de personas, sino que la fuga o el abandono del señor Guachalá de la casa de salud se dio de manera voluntaria. Adicionalmente, el Ecuador ha demostrado que la búsqueda del señor Guachalá no ha cesado, y ésta se ha desarrollado con la presencia de la madre de la presunta víctima. Así mismo, el Estado informó a la CIDH todas las acciones que desarrolla en pro de los derechos de la madre del señor Guachalá.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, libertad personal, protección judicial. Se encuentra en etapa de fondo. La última actuación registrada es de 27 de enero de 2017, nota de la CIDH por medio de la cual acusó recibo de información remitida por Ecuador.

 

Medidas Cautelares

3.2.4.22  Geovanny López

Solicitud de medidas cautelares relacionadas al proceso penal por el delito de feminicidio, en el cual fue condenado Geovanny Fidel López Tello, pareja de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo conocida como “Sharon la Hechicera” quien falleció a causa de un atropellamiento en enero de 2015. La solicitud de medidas cautelares fue presentada el 22 de junio de 2016 y transmitida al Estado el 28 de los mismos mes y año.

El Estado ecuatoriano ha puesto a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la solicitud de medidas cautelares carece de fundamento por no configurarse las características de urgencia, gravedad y daño inminente, esto en virtud de que la motivación de dicha solicitud, radicaba en el supuesto riesgo que corría la vida del señor López en el centro de rehabilitación social de Guayaquil, situación que fue atendida por las correspondientes autoridades nacionales que dispusieron el traslado del señor López a la ciudad de Cuenca, donde incluso reside el padre del señor López.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, garantías judiciales. La última actuación registrada es de 26 de enero de 2017, nota de la CIDH a través de la que acusó recibo de las segundas observaciones a la solicitud de medidas cautelares remitidas por el Estado.