4.2.6      Cobro de intereses de las acreencias a la banca privada

Fecha:  02 de octubre de 2013

Consultante: Superintendencia de Bancos y Seguros

Para atender las consultas formuladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros relacionadas con la obligación de la Agencia de Garantías y Depósitos (AGD) de registrar desde la asignación de los recursos hasta el cierre de la cuenta de ejecución todo perjuicio para el Estado como producto de la aplicación de la Ley de la AGD, este Organismo analizó los artículos 22 y 24 de la Ley de Reordenamiento que establecen la creación y funciones de la AGD y el procedimiento previo de saneamiento de las instituciones del sistema financiero en liquidación forzosa respectivamente.

Luego del análisis jurídico de la normativa referida en el párrafo precedente y sus reformas, la PGE concluyó que la entrega de recursos por parte del Estado, le generaron a la AGD la obligación de registrar, desde la asignación de los recursos hasta el cierre de la cuenta de ejecución todo perjuicio para el Estado, incluyendo el capital entregado y su costo financiero, como producto de la aplicación de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributario-Financiera, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 78 de 01 de octubre de 1998, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 24. Adicionalmente, indicó que para el cálculo de los intereses se debía tomar en cuenta la fecha de entrega de los fondos que el Estado haya hecho en cumplimiento de dicha ley, independientemente de la fecha del registro en la cuenta de ejecución.

Por otra parte, esta Procuraduría también indicó que la jurisdicción coactiva conferida a la Agencia de Garantía de Depósitos para la recuperación y cobro de obligaciones a favor de la instituciones financieras sometidas a su control y administración de sus acreencias y a las instituciones financieras privadas cuyo único accionista haya sido una institución del Estado, así como la obligación contenida en el artículo 24 de la Ley de Reordenamiento permaneció vigente por la sucesión en el derecho que tuvo la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN No Mas Impunidad de la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos Ex-AGD del Ministerio de Finanzas y ésta última de la Agencia de Garantías y Depósitos.

En lo que respecta a la disposición contenida en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera, luego del análisis jurídico de la norma en cuestión, este Organismo concluyó que al ser el artículo 29 de la Ley Ibídem una norma imperativa de derecho, en los casos en que se haya declarado patrimonios técnicos irreales, alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, los administradores y accionistas de la institución financiera quedan obligados con su patrimonio personal a garantizar los depósitos de la institución financiera y por tanto, tienen obligación de pago en los términos que esa disposición establece.

Finalmente, sobre la aplicación del artículo 154 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero además de la norma objeto de consulta, se analizaron los artículos 163 de la mencionada Ley y la Disposición Transitoria Décima de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera.

Este Organismo concluyó que el artículo 154 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue concebido para precautelar que el pasivo se mantenga si no hay un activo con el que superarlo, no para aligerar la carga que ha de imponérsele a los accionistas y administradores causantes de perjuicios a los bancos y  su aplicación no debe hacerse extensiva a quienes ostentaban la calidad de accionistas que representaban  el seis por ciento o más del capital accionario, principal y administrador y representante legal, de la IFI, al momento de someterse al proceso de reestructuración, saneamiento o liquidación forzosa, cuyas obligaciones se encuentran determinadas en la Disposición Transitoria Décima a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario – Financiera.