4.2.10      Actos  administrativos  nulos  y  anulables, Lesividad

4.2.10.1       Declaración de lesividad de un acto administrativo que impide su convalidación

Fecha: 26 de junio de 2015.

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.

La Procuraduría General del Estado recibió un pedido de absolución de consulta sobre si un acto administrativo que contiene vicios que impiden su convalidación debe ser declarado lesivo, previa su impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo para su extinción. La atención de esta consulta motivó el análisis de los artículos: 9, 364, 367, 368, 370, 371, 372 y 373 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

El análisis de la normativa señalada estableció que el artículo 370 del Cootad dispone la extinción de los actos expedidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados por razones de legitimidad, cuando se encuentren vicios que no pueden ser convalidados ni subsanados; mientras que, en el marco del artículo 373 Ibídem, se establece la facultad para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados declaren lesivos para el interés público los actos administrativos aunque estos sean legítimos o que contengan vicios convalidables.

Finalmente, este Organismo concluyó que:

“(…) de conformidad con los artículos 368 y 373 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a la misma autoridad que expidió el acto, o a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, declarar lesivos para el interés público los actos administrativos regulares que generen derechos para el administrado, esto es aquellos actos administrativos que sean válidos (sin vicios) o que contengan vicios convalidables, cuya ulterior impugnación procede ante la justicia contenciosa administrativa mediante acción de lesividad.

Por otro lado, según los artículos 370 y 371 del mismo Código Orgánico: cuando el acto administrativo contiene vicios que no pueden ser convalidados o subsanados, es un acto nulo de pleno derecho, irregular, cuya extinción de oficio por razones de legitimidad, corresponde a la misma autoridad que expidió el acto que se extingue, quien la sustituya o su superior jerárquico, sin que en tal caso preceda la declaratoria de lesividad. Lo dicho sin perjuicio del derecho que le asiste al administrado de impugnar en vía judicial los actos y resoluciones de la Administración Pública”.

 

4.2.10.2        Procedencia de indemnización al administrado en la extinción de oficio de un acto administrativo, por razones de legitimidad y plazo de caducidad para extinción de  un acto administrativo (ampliación de consulta) 

Fecha: 02 de septiembre de 2015

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba

En relación a si la extinción de un acto administrativo por razones de legitimidad da lugar a indemnización en beneficio del administrado, este Organismo estableció que, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 370 y 371 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que regulan los procedimientos y causas que determinan la extinción de oficio por razones de legitimidad, los actos administrativos que contienen vicios que no pueden ser convalidados o subsanados, son nulos de pleno derecho y no gozan de presunción de legitimidad, y las citadas normas no generan la obligación de indemnizar al administrado.

Mientras que, de acuerdo con el artículo 373 del Código Ibídem, la extinción de un acto administrativo regular, esto es un acto sin vicios o con vicios convalidables o subsanables, procede por razones de oportunidad y, en ese caso, la presunción de legitimidad determinada en el artículo 366 del COOTAD ampara los derechos que hubieren surgido del acto, y hay lugar a indemnizar al particular afectado por el daño según el artículo 369 del mismo Código.

Al tratar sobre la caducidad de la facultad de la administración de extinguir un acto administrativo se concluyó que los actos administrativos nulos de pleno derecho son irregulares y, por tanto, no gozan de la presunción de legitimidad por lo que, según los artículos 370 y 371 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, así como de la doctrina y los fallos de casación relacionados con el tema, y que fueron objeto de análisis, la administración puede declarar su extinción por razones de legitimidad de forma directa, en cualquier momento, sin que sea aplicable el artículo 373 Ibídem, que reserva la acción de lesividad para la extinción de actos que sean legítimos o que contengan vicios convalidables de los que se desprendan derechos para el administrado y limita su ejercicio al plazo de tres años contados desde la notificación del respectivo acto.