4.2.11      Facultad del Ministerio de Finanzas para ejercer la jurisdicción coactiva para propiciar la recaudación de recursos públicos bajo cualquier concepto que le sean adeudados a otra entidad pública.

Consultante: Servicio de Contratación de Obras

Fecha: 27 de julio de 2016

Para atender esta consulta, la Procuraduría General del Estado analizó tanto las atribuciones del Ministerio de Finanzas como la potestad coactiva otorgada a esa cartera de Estado, contenidas en los artículos 74 y 75, respectivamente, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).

Por otra parte,  dentro del desarrollo del análisis jurídico correspondiente, se observó que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp), no confiere al Ministerio de Finanzas ni a ningún otro organismo o entidad del sector público, atribución para hacer efectivos los valores adeudados por incumplimientos contractuales a favor de entidades públicas contratantes mediante el ejercicio de la acción coactiva, en el ámbito de la contratación pública; y que en materia de contratación pública, cualquier crédito a favor de la entidad contratante debe ser determinado observando las disposiciones de la LOSNCP, que establece un sistema de garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas frente a la entidad contratante, bastando, para su ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía según el inciso final del artículo 73 de esa Ley Orgánica.

Este organismo concluyó que el Ministerio de Finanzas como ente rector del Sinfip, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, no es competente para ejercer la jurisdicción coactiva con el fin de propiciar la recaudación o recuperación de los recursos públicos, que bajo cualquier concepto (multas, anticipos no amortizados, etc.) le sean adeudados a la entidad consultante dentro del ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 163 de su Reglamento General y el artículo 326 numeral 4 letra e) del Código General de Procesos, la entidad consultante debía requerir los valores adeudados ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en el evento en que las partes no hayan acordado someter las controversias originadas en la ejecución de los contratos suscritos a los procedimientos de mediación y arbitraje respectivos.