5.2.7      Observaciones al proceso contratación de la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable para la ciudad de puerto ayora, provincia de Galápagos”

Entidad Contratante:    Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Cruz

Contratista:                       Empresa Construcciones Dragado y Arena Condraiarsa

Monto:                                USD 18’533.789,08

Plazo de ejecución:       540 días

Fecha de suscripción:  2 de julio 2013

Motivo de análisis:        Denuncia

 

Se realizó el control de la legalidad a las fases preparatoria y precontractual del proceso de licitación signado con código LICO-GADMSC-003-2013, para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable para la ciudad de puerto ayora, provincia de Galápagos, estableciéndose las siguientes observaciones:

  • La entidad contratante prescindió de realizar la convalidación de errores a uno de los contratistas, a pesar de que existían errores que admitían ser convalidados, inobservando así el artículo 23 del Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 6 letra b) de la Resolución INCOP No. RE-2013-0000083 de 27 de marzo de 2013.
  • La descalificación de una de las ofertas por el supuesto incumplimiento del patrimonio mínimo para la participación de un integrante del Consorcio participante, violentó lo dispuesto expresamente en la letra b.2) del Art. 13 de la Resolución No. 52-2011, en concordancia con la Resolución RE-2013-000082 del 15 de febrero de 2013, que estipulan lo contrario, es decir que debió tomarse en cuenta la sumatoria del patrimonio de los partícipes, en relación con los montos establecidos en las reglas de participación; lo cual inobservó a su vez, los principios de legalidad y trato justo, y se configura la causal 2 del Art. 65 de la LOSNCP, para la nulidad del contrato.
  • La falta de motivación en el rechazo de la oferta inobservó el principio Constitucional del Debido Proceso, establecido en el artículo 76 letra l), así como los principios de legalidad y trato justo prescritos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y, razón por la cual se configuran las causales 1 y 2 del Art. 65 de la citada Ley en concordancia con el Art. 1697 del Código Civil, respecto a la nulidad del contrato.
  • Al momento de la publicación del proceso de contratación, en el portal compraspublicas, éste no constaba planificado en el plan anual de contrataciones de la entidad contratante, realizándose su incorporación recién a través de reforma, luego de finalizado el proceso de contratación, inobservándose los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
  • Existieron dos partidas presupuestarias para el mismo objeto y proceso contractual, con diferentes valores, por lo que no coinciden las fechas de certificación de disponibilidad presupuestaria, ya que en la convocatoria al proceso se indica que fue emitida la certificación con fecha 26 de marzo de 2013, mientras que el certificado que se remite a este Organismo de Control es con fecha 18 de marzo de 2013; violentándose los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 115 y Art. 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, artículo 27 de su reglamento general, toda vez que, por las incongruencias señaladas se desprende que al no haber evidencias claras de la certificación presupuestaria, no se contó con la disponibilidad total para cubrir las obligaciones que se generarían en el presente proceso, sin poder, por lo tanto, contraer ningún compromiso o celebrar contratos sin la respectiva certificación presupuestaria por la totalidad del monto que implicaba el proyecto a ejecutarse, lo cual configura las causales 1 y 2 del Art. 65 de la LOSNCP.
  • Luego del cierre de la apertura de ofertas, se deberá realizar la evaluación de las mismas, en un término no mayor a diez (10) días, sin embargo, dicho término fue excedido en tres días por la entidad contratante, sin que conste documento que amplíe tal término, ya que la apertura de ofertas estuvo señalada para el 27 de mayo de 2013 y según el Acta de Calificación de la Comisión Técnica, la evaluación se celebró el 13 de junio de 2013, inobservando el artículo 55 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y se ajusta a lo previsto en el Art. 65 número 2 de la ley de la materia, respecto a la nulidad del contrato.
  • En el numeral 4.6 de los pliegos del proceso que se refiere al Método de Evaluación de las Ofertas se indica que se calificará con el total de 3 puntos a aquellas ofertas que adjunten una certificación emitida por el Director de Obras Públicas Municipales del GAD Municipal de Santa Cruz, en el cual certifique que ha visitado el sitio y ha obtenido la información relacionada con las condiciones y demás aspectos en donde se desarrollará el proyecto, lo cual inobserva el Art. 6 letra c) de la Resolución No. 054-2011.

 

Por lo expuesto, se consideró que existía evidencia suficiente para iniciar la demanda de nulidad del contrato de la referencia, ya que se encuentran elementos constituyentes de causales de nulidad al tenor del artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numerales 1 y 2, como son, la violación al Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo referente a los principios de legalidad, trato justo, igualdad, oportunidad, publicidad, transparencia, conforme se lo ha expuesto en las observaciones.

En virtud del control legal, la Dirección Regional 1 de la PGE, demandó la nulidad del contrato referido, en el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, sede en la ciudad de Guayaquil.

Con fecha 17 de mayo del 2017 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil, dictó sentencia en contra respecto a la demanda presentada, lo que motivó a este Organismo a presentar ante la Corte Nacional de Justicia un Recurso de Casación, el que fue inadmitido por el Conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Con fecha 19 de octubre del 2017, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección, que en la actualidad se encuentra en proceso.”