7.2.3      Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE / Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP y el Ex Administrador de la Hacienda San Antonio y 173 ex trabajadores, petición ingresada el 29 de abril de 2015, cuyo proceso concluyó el 15 de diciembre de 2015.

En 1997 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) entregó las haciendas San Antonio y anexas, a favor de la Escuela Politécnica del Ejército, actual Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en calidad de comodato cuya vigencia estaba condicionada a las resoluciones judiciales que emanen del juicio penal por narcotráfico en el caso Ciclón.

Una vez concluido el proceso judicial dentro del Caso Ciclón y al ordenarse la devolución de las haciendas incautadas, se dio por terminado el contrato de comodato entre el Consep y la ESPE. Durante el proceso de entrega se produjo la falta de pago de las remuneraciones de los trabajadores de la ESPE.

Por este motivo, la Inspectoría de Trabajo de Santo Domingo concedió el visto bueno a 176 trabajadores que lo habían solicitado. Posteriormente, 143 trabajadores plantearon las correspondientes demandas laborales, requiriendo el pago de sus haberes antes la Unidad Judicial Civil, Mercantil y Laboral, del cantón Santo Domingo.

El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, mediante derivación judicial, recibió los 143 casos. Posteriormente, recibió 30 solicitudes directas de los restantes ex trabajadores de la Hacienda San Antonio.

El 15 de diciembre de 2015, se suscribió el Acta de Acuerdo Total de Mediación, en la que se acumuló los 173 casos y con la suscripción de dicho instrumento, la Universidad de las Fuerzas Armadas canceló USD 2’790.117,07, correspondientes a la liquidación de haberes, indemnizaciones laborales, y demás beneficios de ley de los 173 trabajadores. Por su parte los ex trabajadores aceptaron estos valores por satisfacer la totalidad de sus derechos.

Con el acuerdo suscrito, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, evitó un conflicto laboral en el caso de continuarse los procesos judiciales instaurados; con altas posibilidades de pérdida en las causas, lo que habría conllevado a pagarse cantidades significativamente más altas en liquidaciones laborales, embargo de bienes y otros; por lo que, se logró un ahorro significativo para el Estado.