8.2.1      Duragas S.A., Congas C.A., Ecogas S. A., Gasguayas s.a., Austrogas C.E.M., ENI Ecuador S. A., Esaín S.A., Lojagas C.E.M. y Mendogas S.A.

La controversia surge por una demanda presentada el 13 de mayo de 2003, ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo en contra del — entonces— Ministerio de Energía y Minas, por las compañías comercializadoras de gas licuado de petróleo (GLP): Duragas S.A., Congas C.A., Ecogas S. A., Gasguayas S.A., Austrogas C.E.M., Eni Ecuador S. A., Esaín S.A., Lojagas C.E.M. y  Mendogas S.A, ante la falta de determinación de las tarifas de comercialización del GLP, reclamo cuantificado en USD 385´239.797.08, que debió realizarse de acuerdo a la obligación prevista en el Decreto Ejecutivo N° 2592 publicado en el Registro Oficial N° 575 de 14 de mayo de 2002.

Por su parte el Ministerio de Recursos  Naturales no Renovables y Petroecuador EP mantenían reclamos contra las compañías comercializadoras de gas licuado de petróleo por un monto de USD 142’838.312.44, valor determinado en las auditorías realizadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), por concepto de la comercialización de excedentes de GLP doméstico en el segmento comercial y/o industrial.

La controversia, en la forma que estaba planteada, daba como resultado un saldo a favor de las comercializadoras de USD 242´401.484,64. Luego del acuerdo global entre el Estado y las comercializadoras se obtuvo un saldo favorable al Estado de USD 21 millones.

Por pedido del Ministerio de Recursos  Naturales No Renovables y Petroecuador EP se otorgó dos autorizaciones para transigir:

La primera  fue otorgada para transigir con las compañías comercializadoras de GLP: Duragas S.A., Congas C.A., Ecogas S. A., Gasguayas S.A. y Austrogas C.E.M., por un monto a favor del Estado de USD 44 millones.

La segunda fue otorgada para transigir con las compañías comercializadoras GLP, ENI Ecuador S. A., Esaín S.A., Lojagas C.E.M. y  Mendogas S.A., en la que el Estado ecuatoriano pagó la cantidad de USD 22´050.000,00.

Consecuentemente, la Procuraduría General del Estado, al autorizar la transacción, evitó la erogación al Estado ecuatoriano de USD 242´401.484,64.