1.2.6      Casos Odebrecht

 

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América reveló que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado sobornos a funcionarios públicos de varios países, a través de un sistema estructurado de operaciones que facilitaban los actos de corrupción.

En relación a Ecuador, el informe señala que durante el periodo de 2007-2016, la compañía fue beneficiada con obras y proyectos cuyo monto total ascendió a USD 116´000.000,00. A cambio de ello, Odebrecht pagó USD 33´500.000,00 a varios servidores públicos y particulares.

1.a. Cohecho: con base a esta información, el 22 de diciembre de 2016 la Fiscalía inicia la investigación previa 95-2016 para indagar sobre un presunto delito de cohecho y quiénes serían los responsables. La Procuraduría interviene en este caso desde y colabora en las diligencias investigativas.

1.b. Asociación ilícita: el 3 de junio del 2017, la Fiscalía formula cargos en contra de José Rubén Terán Naranjo, Gustavo José Massuh Isaías, Képler Bayron Verduga Aguilera, José Antonio Catagua Delgado, Ricardo Genaro Rivera Arauz y Carlos Alberto Villamarín Córdova por el presunto delito de asociación ilícita.

El 29 de agosto del 2017, se vincula a la investigación a Jorge Glas Espinel, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Freddy Salas Neuman, Alexis Antonio Arellano Meléndez, Mauricio Grossi Neves, José Conciencao Santos Filho, Ricardo Vieira, Clademir Simoes Dos Passos, Ricky Iván Miguel Dávalos Oviedo, Diego Francisco Cabrera Guerrero y Ramiro Carrillo Campaña.

El 28 de septiembre del 2017, la Procuraduría presenta acusación particular, al considerar que las personas procesadas se asociaron con el objeto de vulnerar el sistema de contratación pública y evadir el control de la utilización de los recursos estatales destinados a las siguientes obras: proyecto de riego trasvase Daule-Vinces, proyecto ejecución de los trabajos de reparación del área de implantación del proyecto Refinería del Pacífico, proyecto acueducto represa La Esperanza, proyecto construcción del poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones y proyecto eléctrico Manduriacu. De esa manera, las adjudicaciones de esas obras se obtuvieron en virtud del pago de gratificaciones.

La Procuraduría intervino activamente en la causa, tanto en la fase de instrucción fiscal, como en la audiencia preparatoria celebrada del 8 al 14 de noviembre de 2017 y la audiencia de juicio del 24 de noviembre al 8 de diciembre. Pese a que la tarde del 5 de diciembre se declaró el abandono de la acusación particular de la Procuraduría General del Estado, seguiremos interviniendo al amparo del artículo 11.1 del COIP, en representación del Estado ecuatoriano que constituye la víctima de este caso.

1.c. Concusión: la instrucción fiscal inicia el 7 de agosto de 2017, en la Corte Nacional de Justicia, en contra de Carlos Ramón Pólit Faggioni, quien valiéndose de su cargo de Contralor exigió a Odebrecht el pago de coimas para desvanecer glosas y emitir informes sin observaciones respecto a las obras a cargo de dicha empresa.

Por su parte, John Pólit Esteves facilitó los nombres de las empresas: PLASTIQUIM y COSANI para la recepción del dinero exigido por Carlos Pólit a Odebrecht. Dichas empresas recibieron créditos bajo la figura de “contrato de mutuo” por parte de la empresa Venture Overseas. El dinero que se otorgó como crédito provino de las transferencias directas a sus cuentas de la Empresa Klienfeld, perteneciente a Odebrecht, por la cantidad de USD 1´700.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El 30 de noviembre de 2017, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de los señores Carlos Ramón Pólit Faggioni y John Christopher Pólit Esteves, con la finalidad de precautelar el patrimonio nacional y el interés público, así como solicitar la reparación material e inmaterial por los daños causados al Estado.

El 18 de enero de 2018, se realizó la audiencia preparatoria en la que PGE sustentó su acusación particular. Los procesados fueron llamados a juicio y se espera la convocatoria de la nueva audiencia.

1.d. Lavado de activos: este proceso se inició con base en la información obtenida mediante Asistencia Penal Internacional de España, solicitada dentro de la Causa 95-2016.

El 22 de abril de 2017, se formuló cargos por el delito de lavado de activos en contra de Alecksey Mosquera Rodríguez (Ex Ministro de Electricidad y Energía Renovable 2007-2009), y Marcelo Raúl Endara Montenegro (tío político Mosquera).

En la investigación se estableció que la compañía Klienfeld Services (Panamá) fue creada por Odebrecht como parte de su estructura para facilitar la corrupción. En el 2008 esta empresa y transfirió a la compañía Tokio Traders (Panamá), el valor de USD 1´000.000,00, para el pago de gratificaciones relacionadas a la adjudicación del proyecto Toachi – Pilatón. Estas transferencias se realizaron a la cuenta de la compañía Tokio Traders en el Banco BPA de Andorra, perteneciente a los procesados.

En el 2011, Tokio Traders transfirió USD 1´000.000,00 a la Compañía Percy Trading Inc. (Panamá), de propiedad de los procesados.

El 25 de febrero de 2011, Percy Trading transfirió a Alecksey Mosquera Rodríguez, el valor de USD 920.000,00 y a Marcelo Raúl Endara Montenegro, el valor de USD 80.000,00.

El 19 de julio de 2017, se llevó a cabo la audiencia de vinculación de los señores Santiago Játiva (socio de la compañía True Energy) y Gustavo Mosquera Salcedo (padre de Alecksey Mosquera).

El 17 de agosto de 2017, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de los procesados, con la finalidad de precautelar el patrimonio nacional y el interés público, así como solicitar la reparación material e inmaterial por los daños causados al Estado.

El 17 de enero de 2018, se realizó la audiencia preparatoria en la que Procuraduría General del Estado sustentó su acusación particular. Los procesados fueron llamados a juicio y se espera la convocatoria de la nueva audiencia.

1.e. Lavado de activos: este proceso inició con fundamento en el parte policial No. 024-SNIF-DAI de 28 de junio de 2017, del que se desprende que Ramiro Carrillo alias “Rami” habría solicitado dinero a cambio de realizar actividades vinculadas a su cargo de Gerente de Transporte y Almacenamiento de la Petroecuador EP, en relación al contrato Poliducto Pascuales Cuenca y Estaciones No. TGER-2013299.

En la investigación se determinó que Odebrecht habría transferido dinero ilícito a Ramiro Fernando Carrillo Campaña, mientras era Gerente de Transporte y Almacenamiento de la Petroecuador EP, en relación al Proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca y estaciones. Para ello, la compañía Klienfeld Services Limited habría transferido montos a la fiduciaria holandesa Stockwell Corporation (sede Barbados) y ésta, a su vez, a la cuenta de la empresa Gumar Overseas (Panamá) de propiedad de José Gustavo Massuh Isaías (intermediario).

José Massuh habría recibido y entregado dinero ilícito, a Ramiro Carrillo y Vladimir Aníbal Sper Balanzátegui. Éste último, por su parte, habría transferido dinero ilícito a la empresa Vladmau Construcciones, de la cual es accionista mayoritario.  El representante legal de esta empresa es Akira Ricardo Sakurai España. es, subcontratista de EP Petroecuador, habría transferido el dinero ilícito a Ramiro Fernando Carrillo Campaña, aparentando el pago de una factura por presuntos servicios profesionales prestados.

El 01 de julio de 2017, la Fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos, en contra del señor Ramiro Carrillo Campaña, ex Gerente de Transporte y Almacenamiento de la EP Petroecuador.  

El 17 de octubre de 2017 se vinculó a Vladimir Aníbal Sper Balanzátegui, VLADMAU Construcciones S.A.  a través de su representante legal Ricardo Akira Sakurai España y Gustavo José Massuh Isaías.

El 27 de octubre de 2017 la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de los procesados, con la finalidad de precautelar el patrimonio nacional y el interés público, así como solicitar la reparación material e inmaterial por los daños causados al Estado.

Actualmente se espera la convocatoria a la audiencia preparatoria.

1.f. Lavado de activos: este proceso se inició con fundamento en el parte policial No. 025-SNIF-DAI del 28 de junio de 2017, del que se desprende que Diego Francisco Cabrera Guerrero, alias “Pancho”, habría incrementado injustificadamente su patrimonio.

En la investigación se determina que ODEBRECHT habría transferido dinero ilícito por los montos de USD 200.000,00 y USD 280.000,00 a las cuentas que administraban los procesados, quienes actuaron como intermediarios, para que se realicen pagos a servidores públicos de la EP Petroecuador, en relación al Proyecto “Poliducto Pascuales – Cuenca y estaciones”.

El 1 de julio de 2017, la Fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos.  

El 10 de agosto de 2017, la Procuraduría General del Estado compareció en el proceso señalando casillero judicial ante la Unidad Judicial Penal.

El 29 de septiembre de 2017 se vinculó a José Rubén Terán Naranjo.

El 27 de octubre de 2017, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de los procesados, con la finalidad de precautelar el patrimonio nacional y el interés público, así como solicitar la reparación material e inmaterial por los daños causados al Estado.

Actualmente se espera la convocatoria a la audiencia preparatoria.