Con base en la misión que la Constitución de la República asigna a la Procuraduría, se propuso para el presente y futuro, abarcar todo el ciclo de la defensa jurídica del Estado con un enfoque principalmente preventivo, proactivo, científico y buscando la unidad de criterio, teniendo como un eje transversal a la gestión del conocimiento (capacitación, investigación e iniciativa legislativa). En este nuevo modelo de gestión, se resaltaron como medios para el funcionamiento de un Sistema Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, el trabajo de personal especializado, apoyados en procesos ágiles y articulados con avanzados sistemas tecnológicos. Con ello se espera reducir la conflictividad de procesos que involucran al Estado ecuatoriano, asegurar el buen uso de los recursos públicos y fortalecer la seguridad jurídica.

El punto de partida del proceso de fortalecimiento institucional ha sido el enfoque de la defensa jurídica del Estado ecuatoriano como un ciclo que comprende al menos cuatro etapas o fases: