CORTE CONSTITUCIONAL ANULA MILLONARIA INDEMNIZACIÓN QUE PERJUDICABA EL PATRIMONIO NACIONAL
La Procuraduría General del Estado (PGE) oportunamente presentó una acción extraordinaria de protección (EP) en contra de varias decisiones relacionadas a una acción de Hábeas Data presentada por el señor Pablo Bolívar Muentes y su cónyuge Mónica Avelina Alvarado Bardi en contra del Banco del Pacífico que buscaba indebidamente una indemnización de aproximadamente cuatro millones de dólares.
La PGE en su demanda argumentó vulneraciones al debido proceso y cuestionó la solicitud de reparación integral, puesto que no ha existido una determinación de daños a los accionantes y consecuentemente no se generó un perjuicio.
El 27 de marzo de 2024 la Corte Constitucional admitió la acción de la PGE y al examinarla concluyó que para un mejor análisis del caso se remite a selección para su eventual revisión.
El 15 de enero de 2026, por medio de la sentencia 67-24-JD/26, la Corte Constitucional evidenció que se desnaturalizó la acción de hábeas data al solicitar “la rectificación de una deuda registrada en una base de datos de una entidad financiera cuando existe una controversia de las partes sobre el reconocimiento de los pagos realizados para la cancelación de un crédito, así como la pretensión de obtener una reparación económica por la falta de aquella rectificación”.
Específicamente, sobre la reparación económica la Corte estableció que aquella pretensión desvía los fines del hábeas data y más bien, “revela una intención fraudulenta de obtener una reparación económica relacionada con el supuesto incumplimiento de una obligación mercantil”.
La PGE dentro de este proceso y en defensa del Estado Ecuatoriano coadyuvó a que la Corte Constitucional seleccionara, priorizara y revisara el mismo al tratarse de un caso de gran relevancia nacional.