BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 12 de noviembre de 2019
UCS/69
La Procuraduría evita el pago de casi USD 600 millones en arbitrajes internacionales
En ocho casos de litigios y demandas internacionales, la actual gestión de la Procuraduría General del Estado ha logrado hasta el momento evitar el pago de USD 597 millones de un total de USD 615 millones. Estos procesos son, generalmente, por incumplimientos de contratos, juicios en sede extranjera, o por supuestas violaciones a los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).
Hasta la presente fecha, esas ocho entidades que acudieron a tribunales en el exterior son: Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora, FAE, TAME, OCP, Cooper Mesa y Repsol 3.
De ellas, los arbitrajes y juicios en sede extranjera de Internexa, Inmobiliar, el Grupo Albacora y Tame resultaron favorables para la defensa del Estado, es decir, que el Estado no tuvo que desembolsar ningún monto tras acogerse al proceso judicial.
En el caso Internexa, por ejemplo, dos compañías extranjeras iniciaron en el 2015 un arbitraje internacional en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
En su demanda argumentaron que la telefónica incumplió el Acuerdo Global de Compromiso para la explotación del Negocio de Transporte Regional en Ecuador (NTR). Este se hizo para que las empresas participaran en el negocio regional portador de telecomunicaciones en la región Andina, Centroamérica y Brasil. Las compañías extranjeras solicitaban el cumplimiento de este acuerdo y la indemnización por daños y perjuicios.
En julio de este año, la Procuraduría General del Estado desvirtuó las pretensiones de las empresas extranjeras y ganó el arbitraje internacional.
Algo similar ocurrió con el caso Albacora. El 2 de marzo de 2015, la empresa española Albacora S.A. notificó a la PGE una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano. La empresa alegó que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas afectaban a su inversión, pues consideraba que la exención al impuesto a la renta, establecida en la Ley de Zonas Francas, estaba vigente.
Además de estos casos ganados, la Procuraduría ha llegado a soluciones amistosas, como las registradas con el caso OCP y Repsol 3. También hubo un desistimiento en el caso de FAE y un acuerdo parcialmente favorable en el caso Cooper Mesa.
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