Quito, 28 de noviembre de 2012
CS/99
SE REALIZA PRIMERA AUDIENCIA DE FONDO EN CASO CONOCIDO
COMO “CHEVRON 3”
Entre el 26 y el 29 de noviembre se lleva a cabo la audiencia correspondiente a la primera fase del fondo dentro del arbitraje iniciado en 2009 por las compañías estadounidenses Chevron-Texaco en contra del Estado ecuatoriano, con el objetivo de que se las mantenga indemnes de cualquier sentencia desfavorable que se dicte en el juicio que iniciaran las comunidades de Lago Agrio contra la petrolera en el año 2003, por los daños ambientales que habría ocasionado su actividad extractiva entre 1973 y 1998.
A pesar de que la sede del arbitraje es La Haya, el Tribunal Arbitral (constituido bajo reglas UNICTRAL) fijó la ciudad de Londres para la realización de esta audiencia, en la que se discute sobre la naturaleza jurídica de los Acuerdos de Liberación suscritos en la década de los noventa para finiquitar el contrato que la compañía norteamericana mantuvo con el Estado ecuatoriano desde el año 1973.
Vale recordar que la demanda interpuesta por varias comunidades amazónicas en contra de la transnacional petrolera (juicio entre privados en el que el Estado ecuatoriano no es parte) se encuentra en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia –debido a un recurso de casación presentado por la compañía– luego de que los jueces de primera y segunda instancia fallaran a favor de los demandantes y establecieran el pago de una indemnización que ascendería a18 mil millones de dólares.
El equipo de defensa del Estado ecuatoriano, encabezado por el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, ha sostenido que los Acuerdos de Liberación suscritos entre Texaco y el Estado ecuatoriano no implicaban la renuncia de los derechos de terceros y que, por lo tanto, cualquier persona que se sintiera afectada por la operación de la compañía (que duró casi 30 años) puede demandar la reparación de aquellos derechos que hayan sido vulnerados.
Durante su intervención en la audiencia, el Procurador García fue enfático en señalar que “las acusaciones de las compañías demandantes se basan en obligaciones contractuales inexistentes, lo cual no ha impedido que su aparato de relaciones públicas ataque a Ecuador como un país que se rehúsa a cumplir con sus obligaciones contractuales y tampoco ha detenido su ataque implacable contra nuestro país en el foro político de los Estados Unidos”.
El abogado del Estado añadió, además, que “la defensa contra esta dura campaña exige un enorme esfuerzo diplomático, pues las demandantes buscan afectar seriamente los intereses ecuatorianos”, por lo que pidió al Tribunal que ponga fin a este abuso del derecho tan pronto como sea posible.
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