INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano que la Asamblea Nacional Constituyente acordó al crear la Constitución en el año 2008, guarda cambios sustanciales, como es el paso de un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y justicia.

Con ello potencialmente, se operan cambios administrativos en el organismo estatal, se crean nuevas funciones, y, en ese marco, a la Procuraduría se la concibe como un organismo público técnico jurídico de patrocinio, asesoramiento y control de los actos y contratos suscritos por los organismos y entidades del sector público.

Las funciones que la Constitución otorga al Procurador son:

La representación judicial del Estado.

El patrocinio del Estado y de sus instituciones.

El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.

La Asamblea Constituyente posesionó, en abril de 2008, al Procurador General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo nombrara en el año 2011, para un periodo de cuatro años que duró hasta diciembre de 2014, ratificándolo en sus funciones en enero de 2015 hasta diciembre de 2019. Este nombramiento se realiza de una terna enviada por la Presidencia de la República, terna conformada con criterios de especialidad y méritos, sujeta a escrutinio público e impugnación ciudadana.

Durante estos casi 10 años, el Estado Ecuatoriano ha pasado de la aprobación de la Constitución en el año 2008, el régimen de transición que duró hasta el año 2013 y a partir de ello el ejercicio pleno del mandato Constitucional y su fortalecimiento.

La PGE en estos 9 años, en lo que se refiere a litigios en sede nacional, ha logrado que de 7,3 de cada 10 sentencias hayan sido favorables al Ecuador. Ha evitado el pago del 86% sobre el monto total de las demandas equivalente a USD 10.325.442.326 en procesos internacionales terminados. Las decisiones a favor del Ecuador han sido por USD 47 milllones.

En Derechos Humanos el pago evitado en litigios es del 65% (USD 86 millones), mientras que en Consultoría se han atendido 7.389 preguntas que han derivado en 3.031 pronunciamientos, 3.970 abstenciones y 388 consultas archivadas; y cumpliendo el mandato de control de legalidad en Contratación Pública y Contratación Especial la PGE ha examinado 3.346 casos que equivalen a USD 15.809 millones.

Nuestro Centro de Mediación también ha tenido un crecimiento importante y ha recibido 7.239 solicitudes de mediación y se ha llegado a 54% (2.025) de acuerdos.  En Asesoría Jurídica se han atendido 225 solicitudes para transigir de los cuales se han autorizado transacciones por USD 704 millones.

Este informe es una fotografía de lo que han sido estos nueve años de gestión técnico legal de la Procuraduría General del Estado, que sin duda servirá para valorar el trabajo realizado por un equipo técnico de alta valía profesional y compromiso con el país con el que cuenta la institución y también es una hoja de ruta para que las nuevas autoridades encargadas de conducir al Estado ecuatoriano, por voluntad popular, sepan de los principales desafíos a los que está avocada la defensa jurídica del Ecuador.