INTRODUCCIÓN

En junio del año 2017, se publicó el Informe de Gestión Abril 2008-Marzo 2017 con el objetivo de que las autoridades que, por voluntad popular, se posesionaron el 24 de mayo de 2017, tengan conocimiento de los principales desafíos a los que está avocada la defensa jurídica del Ecuador. Este nuevo informe actualiza lo realizado hasta el mes de enero de 2018, al cumplirse casi 10 años de gestión del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado.

Por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, en abril de 2008, se inició un período sin determinación de tiempo, mientras se redactaba, aprobaba y ponía en vigencia la Constitución de la República que rige a partir de octubre de 2008, en esos momentos la República del Ecuador enfrentaba una de las más importantes controversias internacionales bajo el Sistema de Solución de Controversias de Inversión ante el CIADI, el caso OXY, por una cuantía que superaba los  3.400 millones de dólares, al mismo tiempo que eran notificadas otras controversias importantes bajo Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) como fueron las controversias que dieron lugar al inicio de los arbitrajes de las petroleras Perenco, Burlington y Murphy, todas originadas en la aplicación de la Ley 42-2006, que buscó devolver el equilibrio económico financiero a los contratos de participación para la explotación petrolera en el Ecuador.

Paralelamente surgieron las controversias con Chevron, en dos arbitrajes de inversión relacionados con casos de supuesta denegación de justicia, bajo el TBI con Estados Unidos.   A las acciones judiciales, para las que Chevron contrató a grandes firmas de abogados a nivel mundial, la transnacional sumó una estrategia de ataques con una millonaria inversión en empresas de cabildeo y comunicación en los Estados Unidos, para atacar al Estado ecuatoriano y sus autoridades en diversos frentes.

Nunca antes la defensa del Estado ecuatoriano, tuvo que enfrentar un volumen de controversias internacionales de semejante proporción. La Procuraduría General del Estado, en estos últimos 10 años, enfrentó con éxito y obtuvo importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa que le permitió evitar el pago del 83% de los valores reclamados por los inversionistas.   Ello en medio de un Sistema de Solución de Controversias de Inversión que hoy es cuestionado a nivel mundial. La posición crítica sostenida por la defensa del Estado ecuatoriano, hoy es percibida con respeto por muchos países que, aun siendo generadores de inversión, también son receptores de inversión y hoy enfrentan las inconsistencias del sistema del arbitraje internacional de inversiones.

La experiencia de la defensa en los arbitrajes de inversión que ha generado la Procuraduría General del Estado será una contribución importante en la discusión de las reformas al Sistema de Solución de Controversias de Inversión, así como para incorporar estándares de protección más claros y obligaciones más equilibradas entre inversionistas y el Estado, en los acuerdos de inversión que el Ecuador pueda suscribir en el futuro dentro de su política de atracción y promoción de inversiones.

La PGE en estos 10 años tuvo que liderar, desde lo estrictamente jurídico, una posición crítica frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente frente a las actuaciones no convencionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos de los temas de mayor controversia entre la defensa del Estado y la CIDH aún persisten luego de estos 10 años, entre ellos el uso de la competencia no prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dictar medidas cautelares en contra de los Estados o el uso indiscriminado de audiencias generales o temáticas para tratar casos específicos, así como la demora excesiva en el trámite de los procesos.

Los argumentos desarrollados por la Procuraduría General del Estado en esta materia, continuarán siendo parte del debate mientras no haya una verdadera reforma del SIDH generada desde los Estados Parte de la Convención, cuya voluntad se encuentra expresada en dicho instrumento internacional.   La posición jurídica del Ecuador busca mejorar el SIDH, respetando sus obligaciones internacionales adquiridas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De allí que el Estado ecuatoriano siempre haya respetado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la haya recibido en tres ocasiones en los últimos 10 años, dos de ellas por invitación de la PGE.

La PGE, además, lideró el proceso de salida del Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lo cual se elaboró un Plan de Acción que permitió superar tales deficiencias con la participación de las autoridades del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA), presidido entonces por el Procurador General del Estado.

Los resultados obtenidos por la defensa del Estado en jurisdicción nacional, con 7 de cada 10 sentencias favorables al Estado ecuatoriano a lo largo de estos 10 años, ha sido el producto de un esfuerzo que responde a la convicción de que los intereses del Estado deben defenderse con un alto grado de responsabilidad y profesionalismo.   La evolución del procedimiento escrito al oral, llevó a generar un cambio en la mentalidad del abogado litigante y a elevar las destrezas en la litigación oral, capacitando al personal de la PGE, al tiempo que se generaba una mejor coordinación con los abogados de las instituciones del sector público.

El seguimiento de los procesos penales que se han dado como consecuencia de actos de corrupción en la administración o contratación pública en el país, se convirtió en otro eje fundamental de la actuación de la Procuraduría General del Estado, en el ejercicio del derecho de la víctima (en este caso el Estado) para presentar acusaciones particulares que le permitan impulsar una reparación integral de parte de quienes causaron el daño.   En nuestro sistema legal, la acusación particular no es una exigencia para tener derecho a la reparación integral; no obstante, la Procuraduría se encuentra impulsando varias acusaciones particulares que buscan la reparación integral al Estado.

La recuperación de la reparación integral en casos de corrupción tendrá mayores posibilidades de éxito en la medida en que se vincule a los procesos penales a las personas jurídicas involucradas en los delitos. En ese sentido, la PGE propuso los artículos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que fueron incorporados en el COIP estableciendo un hito en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que, de esta manera, se pueda vincular, procesar y sancionar a las personas jurídicas.

Lo hecho a lo largo de estos 10 años a cargo de la Procuraduría General del Estado, liderada por Diego García Carrión, se expresa en una institucionalidad fuerte y consolidada, en donde trabaja un equipo de profesionales técnicamente capacitado, que como lo demuestra este Informe de Gestión 2008-2018, realiza su labor, con total profesionalismo a fin de que la defensa del Estado esté garantizada. Este informe contiene datos estadísticos sobre los resultados obtenidos, así como información de los casos relevantes que se han manejado a lo largo de estos 10 años que, por su importancia o complejidad, deben quedar como parte de una recolección histórica de los esfuerzos desplegados por la defensa jurídica del país.