1.2.4      Casos de repetición presentados

En la medida en que el Estado ha ido pagando los valores correspondientes a indemnizaciones ordenadas en sentencias por violaciones a los derechos humanos, se ha instruido a las máximas autoridades de las instituciones públicas responsables para que, conforme a la ley, inicien los procesos de investigación interna para identificar a los responsables de los hechos violatorios y presenten las demandas de repetición que correspondan en cada caso.

1.2.4.1       Acción de Repetición contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Camba Campos y otros contra Ecuador)

Con fecha 28 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, dentro del caso del “Tribunal Constitucional (Camba Campos y Otros) Vs. Ecuador”, emitió sentencia condenatoria contra el Estado ecuatoriano, que en su parte pertinente determinó que el Estado es responsable por la cesación arbitraria de los vocales del Tribunal Constitucional sin que hubiere juicio político, por la afectación arbitraria a la permanencia en el ejercicio de la función y la consecuente afectación a la independencia judicial y a la garantía de imparcialidad, por la imposibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en perjuicio de las ocho víctimas y ordenó pagar una indemnización por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como vocales del Tribunal Constitucional.

Dando cumplimiento a la sentencia condenatoria, el Estado procedió a pagar las indemnizaciones por concepto de reparación material, por intermedio del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Decreto Ejecutivo 1317.

Con fecha 20 de mayo de 2016, las máximas autoridades de las entidades responsables: Presidente Constitucional de República, Presidenta de la Asamblea Nacional, Director General del Consejo de la Judicatura y Procurador General del Estado, proponen la demanda de Acción de Repetición ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 1, con sede en Quito, en contra de los ex vocales del Tribunal Constitucional, ex Presidente de la República, ex jueces y ex diputados que ocasionaron la vulneración de derechos de los ex vocales del Tribunal Constitucional.

La demanda fue admitida por el Tribunal, causa signada con el No. 17811-2016-01096, y ordenó la citación a 65 demandados domiciliados en varios cantones del país puesto que se demandó a ex diputados, ex jueces, ex vocales del entonces Tribunal Constitucional y un ex Presidente de la República, lo que demandó en los últimos meses del año 2017 la tarea de reactualizar domicilios recorriendo el país para cumplir con el proceso de citación a todos ellos. Concluida la etapa de citación, el Tribunal conforme a la normativa aplicable al caso, esto es, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional debe convocar en los próximos días a la audiencia pública de contestación a la demanda y anuncio de prueba, para lo cual la Procuraduría coordina reuniones de trabajo con las entidades accionantes en este caso.

1.2.4.2       Acción de Repetición contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Quintana Coello y otros contra Ecuador)

Con fecha 23 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso de la “Corte Suprema (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador”, emitió sentencia condenatoria contra el Estado ecuatoriano en la que determinó que el Estado es responsable por haber sido cesadas en sus funciones por un órgano incompetente que no les dio la oportunidad de ser oídos, por la afectación arbitraria a la permanencia en el ejercicio de la función y la consecuente afectación a la independencia judicial, por la imposibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo,  y ordenó pagar a las 27 víctimas una indemnización por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como magistrados de la Corte Suprema,  por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como magistrados de la Corte Suprema.

Dando cumplimiento a la sentencia condenatoria, el Estado procedió a pagar las indemnizaciones por concepto de reparación material, por intermedio del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Decreto Ejecutivo 1317.

Con fecha 20 de mayo de 2016, las máximas autoridades de las entidades responsables: Presidente Constitucional de República, Presidenta de la Asamblea Nacional y Procurador General del Estado, proponen la demanda de Acción de Repetición ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 1, con sede en Quito, en contra de los ex vocales del Tribunal Constitucional, ex Presidente de la República, y ex diputados del Congreso Nacional que ocasionaron la vulneración de derechos de los ex magistrados de la Corte Suprema.

El Tribunal admitió la causa No. 17811-2016-01097, ordenando citar a un ex Presidente de la República, a 51 ex diputados de la República y a 6 ex vocales del entonces Tribunal Constitucional. Luego correspondió la tarea de reactualizar domicilio de cada uno de ellos y recorrer el país en el proceso de citación a todos los demandados; labor que ocupó varios meses del año. Concluida la etapa de citación, al Tribunal conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le corresponde convocar en los próximos días a la audiencia pública de contestación a la demanda y anuncio de prueba. La Procuraduría General del Estado asumió la responsabilidad de convocar reuniones de trabajo con las entidades accionantes en este caso, mismas que se cumplen cada treinta días, hasta el día en que se realice la audiencia.

1.2.4.3       Acción de Repetición patrocinada por la PGE contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia caso Sarayacu contra Ecuador)

Con fecha 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Pueblo Indígena Kichwa Sarayaku Vs. Ecuador, emitió sentencia condenatoria contra el Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la consulta previa, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural; por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal; y  por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku y condenó a pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.

Dando cumplimiento a la sentencia condenatoria, el Estado pagó la indemnización por concepto de reparación material, por intermedio del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Decreto Ejecutivo 1317, con fechas 12 de septiembre de 2012, 19 de octubre de 2012 y el 25 de julio de 2013.

Con fecha 07 de julio de 2016, y bajo la coordinación de la PGE, las siguientes instituciones: Fiscalía General del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio del Ambiente, Consejo de la Judicatura y EP Petroecuador, en su calidad de máximas autoridades de las instituciones responsables, proponen la demanda de Acción de Repetición ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Ambato, en contra de varios ex funcionarios y servidores públicos como responsables de la vulneración de derechos del Pueblo Indígena Kichwa Sarayaku. La PGE compareció firmando la demanda conforme lo determina la LOGJCC.

La demanda fue admitida con la causa No. 18803-2016-00156; citados los 21 demandados en varias provincias del país, éstos presentaron sus escritos de contestación, las que han sido calificadas de claras y completas. Conforme las reglas que establece el Código Orgánico General de Procesos, una vez que el Tribunal resuelva los diferentes incidentes procesales planteados por algunos demandados, se tiene previsto que se señalaría la audiencia preliminar para el mes de febrero de 2018.

Acción de Repetición patrocinada por la PGE contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Caso Suárez Peralta contra Ecuador)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 21 de mayo de 2013 dicta sentencia condenatoria en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en contra de las señoras Melba del Carmen Suárez Peralta y Melba Suárez Mendoza, respectivamente, disponiendo el pago de USD 311.436,00.

En cumplimiento al Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República y Art. 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las entidades públicas involucradas en las vulneraciones, a saber, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura, presentan la respectiva demanda de acción de repetición (juicio No. 09802-2017-00367) ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.2 con sede en Guayaquil; y, con fecha 28 de abril de 2017 este Tribunal la califica y la acepta a trámite, ordenando la citación a todos los demandados.

Concluida la fase de citación a todos los demandados, el Tribunal resolvió convocar a audiencia preliminar para el 25 de septiembre de 2017, a las 08h30. Posteriormente, declara la nulidad a partir del auto que resuelve convocar a dicha diligencia, en razón de que no han sido calificadas las contestaciones a la demanda, así como tampoco las reconvenciones presentadas por algunos demandados, conforme lo establece el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, cuerpo normativo aplicable al presente caso.

Una vez que el Tribunal se pronuncie respecto de las contestaciones y de las reconvenciones, se procederá a la convocatoria a las partes procesales a la Audiencia Preliminar.

1.2.4.4       Acción de Repetición patrocinada por la PGE contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Vera &Vera contra Ecuador)

En razón de un caso de mala práctica médica, el 19 de mayo de 2011 la Corte IDH, emitió sentencia condenando al Estado ecuatoriano al pago de una reparación económica por USD 62.000,oo, por violación a los derechos a la integridad personal y a la vida previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera; dicha sentencia declaró además la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en contra del referido señor y de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. Según esta sentencia, las entidades públicas responsables de la violación de los derechos humanos son el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de la Judicatura.

Con este antecedente, el Ministerio de Salud Pública, el 27 de agosto de 2014 presentó la demanda de acción de repetición. En primera instancia, la sentencia fue adversa al Estado, razón por la cual esa Cartera de Estado presentó recurso de apelación.

En segunda y definitiva instancia, la Corte Nacional de Justicia con fecha 8 de diciembre de 2016, a las 15h58, emitió sentencia rechazando la acción de repetición planteada, considerando que hay ausencia de elementos probatorios que demuestren el dolo o culpa grave de los demandados.

Frente a la referida sentencia, esa cartera de Estado interpuso acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional.

Por su parte, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 19 de junio de 2017, a las 10h52, avoca conocimiento de la causa No. 0439-17-EP, relacionada a la Acción Extraordinaria de Protección, presentada por el Ministerio de Salud Pública, resolviendo su admisibilidad.

Se encuentra pendiente que la Jueza o Juez Sustanciador de la Corte Constitucional, avoque conocimiento de esta causa, a fin de continuar con la sustanciación.

1.2.4.5       Acción de Repetición patrocinada por la PGE contra ex servidores públicos por cuya acción el Estado tiene condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Mejía Idrovo contra Ecuador)

El caso tiene como antecedente la sentencia constitucional por incumplimiento dictada el 08 de octubre de 2009 por la Corte Constitucional del Ecuador, dentro del caso No. 0004-09-IS, en la que se dispone: “Impulsar las acciones administrativas y judiciales para hacer efectivo el derecho de repetición a favor del Estado, por los valores que el mismo desembolse como consecuencia del incumplimiento de la Resolución del ex Tribunal Constitucional”. La sentencia dictada el 12 de marzo de 2002 por el ex Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad por el fondo de los decretos ejecutivos No. 1185 de 15 de enero de 2001 y No. 1680 de 18 de julio de 2001, publicados en la Orden General No. 031 de 31 de enero de 2001 y en la Orden General No. 133 de 20 de julio de 2001 y dispuso la reparación de los daños ocasionados al Coronel en servicio pasivo José Alfredo Mejía Idrovo.

En cumplimiento de la sentencia, se emitió el Comprobante Único de Registro de pago No. 11236 de 22 de diciembre de 2010. Antes de la fecha de prescripción, un tercero, Xavier Mauricio Mejía Herrera, presentó la demanda de Acción de Repetición, en contra de: Robert Patricio Tandazo Granda, Luis Ernesto González Villarreal, Luis Aguas Narváez, Octavio Romero Ochoa, César Augusto Ubillus Vergara y Jorge Zurita Ríos. Dentro del proceso juicio No. 2421-2013 compareció el MIDENA y no adjuntó los informes de investigación ni elementos probatorios en contra de los demandados.

Con sentencia de 04 de marzo de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 resolvió rechazar la demanda presentada por el abogado Xavier Mauricio Mejía Herrera asumida por el Ministerio de Defensa Nacional y por la Procuraduría General del Estado, fundamentando su resolución principalmente en lo siguiente: “previamente al ejercicio de esta acción no debe existir duda de la responsabilidad que cada persona ha tenido afín de que la repetición fluya sin ningún tropiezo. En la especie, no se encuentra acto administrativo, proceso investigativo previo, ni sentencia judicial ejecutoriada que liara declarado a los demandados en el presente juicio como responsables de los actos que motivan la demanda formulada en su contra.”

Frente a esta resolución, el Midena interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto con sentencia de 27 de octubre de 2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Admirativo de la Corte Nacional de Justicia, juicio de repetición 578-2016, 2421-2013. La sentencia negó el recurso interpuesto por Midena bajo la siguiente consideración:  “la falta de predeterminación de la presunta responsabilidad de los demandados para efectos de accionar la vía repetición, así como la ambigüedad e imprecisión con la que ha sido propuesta la demanda respecto a las circunstancias de participación y responsabilidad de los demandados, tiene otro alcance y dimensión procesal, puesto que en la especie se ha configurado una falta de legitimo contradictor o también denominada “falta de legitimación en causa pasiva.”

Con fecha 3 de enero de 2017 el Midena interpone una Acción Extraordinaria de Protección No. 0071-17-EP, en contra del fallo y auto dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia de 27 de octubre y 5 de diciembre de 2016, dentro de Recurso de Apelación No. 578-2016, misma que fue admitida por la Corte Constitucional el 25 de abril de 2017.