3.2.2      Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.2.2.1       Vásquez Durand

Caso que se desarrolló en la temporalidad del conflicto limítrofe armado del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú en el que Jorge Vásquez Durand, comerciante de nacionalidad peruana, dedicado a la venta de artesanías entre ambas naciones, fue víctima de desaparición forzada en el año 1995. La petición inicial ante la CIDH fue presentada el 9 de marzo de 1995, se sometió a la Corte IDH en 2015, caso que también fue documentado en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador. El Tribunal Interamericano emitió sentencia el 15 de febrero de 2017 y notificó al Estado ecuatoriano en abril de este mismo año.

Ecuador presentó como excepción preliminar que el Estado mantiene un mecanismo de reparación nacional que responde a los estándares interamericanos, por lo que la Corte IDH no debía pronunciarse sobre el fondo (vulneraciones de derechos humanos), y consecuentemente tampoco sobre reparaciones. En este sentido, aunque la Corte IDH desechó la excepción del Estado, valoró y reconoció los avances del Estado al contar con un mecanismo interno de reparación de víctimas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Interamericano en su fallo recogió los argumentos del Estado sobre la protección judicial (artículo 25 de la Convención), y declaró que no existió la alegada vulneración por la inefectividad del hábeas corpus que en el caso de haber sido interpuesto por las víctimas, pudo haber generado un proceso de búsqueda de mayor efectividad. El organismo de justicia interamericano tomó en cuenta la argumentación jurídica de Ecuador y tampoco declaró vulnerado artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en virtud de la alegada ausencia de tipificación adecuada del delito de desaparición forzada.

De otro lado y a pesar de que las víctimas alegaron que habría existido un patrón de desapariciones forzadas a ciudadanos peruanos en el contexto del Conflicto Bélico del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, las pruebas presentadas por el Estado permitieron que la Corte IDH concluyera que no existían evidencias de tal acusación. En torno al análisis de reparaciones, la Corte IDH al reconocer la demostración técnica del Estado, excluyó de la reparación a una de las alegadas víctimas, señora María Durand. El Estado presentó dos peritajes sobre Comisión de la Verdad y uno sobre Derecho Internacional Humanitario,  que fueron valorados por el Tribunal en la sentencia.

En sentencia de 18 de abril de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: libertad, vida, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica, garantías judiciales. Actualmente el caso se encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia ante el organismo interamericano.

 

3.2.2.2       Flor Freire

Caso en torno a un proceso disciplinario y consecuente baja de un oficial la Fuerza Terrestre en aplicación de una norma reglamentaria que sancionaba las prácticas homosexuales. Los hechos del caso se suscitaron en el año 2001. La petición inicial ante la CIDH se presentó el 30 de agosto de 2002, fue sometido el caso a la jurisdicción de la Corte IDH el 11 de diciembre de 2014 y la sentencia se emitió el 31 de agosto de 2016.

La posición estatal estuvo encaminada a la falta de impugnación del acto administrativo (baja), en tal sentido, el Ecuador indicó al Tribunal que el señor Flor, al ser dado de baja, pudo acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con la finalidad de precautelar sus derechos. Esta posición fue aceptada por la Corte ya que no declaró la vulneración del artículo 25 de la Convención Americana. Adicionalmente, el Estado también manifestó que el recurso de amparo empleado por el peticionario fue incoado de manera inadecuada. El Estado presentó dos peritajes ante la Corte sobre la organización militar en el contexto de la reincorporación de militares dados de baja, mismos que fueron valorados por la Corte para resolver la imposibilidad de reincorporación solicitada por el señor Flor.

En sentencia de 31 de agosto de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: igualdad ante la ley, derecho a la honra y garantías judiciales.

El caso en la actualidad, se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento de sentencia por parte de la Corte IDH.

 

3.2.2.3       TGGL (González Lluy contra Ecuador)

Caso relacionado a vulneraciones a los derechos de una niña cuando tenía 3 años de edad en el año 1998, que fue contagiada de VIH al recibir una transfusión de sangre, proveniente de un Banco de la Cruz Roja. La petición inicial ante la CIDH se presentó el 26 de junio de 2006, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte IDH el 18 de marzo de 2014 y la sentencia se dictó el 1 de septiembre de 2015.

La Procuraduría General del Estado, al presentar la defensa del caso, logró demostrar notables avances en la prestación de servicios públicos de salud, así como también la adopción de diversos manuales técnicos a fin de cumplir con el deber estatal de supervisar el funcionamiento de los Bancos de Sangre y hospitales en cuanto a la aplicación de estándares técnicos de seguridad reconocidos internacionalmente en esta materia. Al conocer esta información técnica, el Tribunal no ordenó ninguna medida de reparación en este sentido.

Además, la Corte IDH reconoció la buena fe del Estado dentro del proceso, así como los avances normativos e institucionales desplegados por el Ecuador al notar que el derecho a la salud se encuentra actualmente regulado en diversos instrumentos normativos del país, de forma que no resultaba pertinente ordenar modificación de norma interna alguna en relación con la atención a personas portadoras de VIH-Sida.

En relación al fondo, la Corte IDH al recibir los alegatos del Estado declaró que el Ecuador no era responsable por la violación de la garantía judicial del plazo razonable en el proceso civil, reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 (Derechos del Niño) y 1.1 (Obligación de respeto y garantía de derechos) de la misma, en perjuicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy. Asimismo, el Tribunal Interamericano, aceptó la demostración jurídica del Estado en torno a protección judicial del artículo 25 de la Convención, declarando la inexistencia de violación a tal disposición. La Corte no aceptó la solicitud de medidas provisionales realizada por la defensa de la víctima, al reconocer que la defensa del Estado acreditó contar con adecuadas condiciones de tratamiento y protección para la víctima. 

En sentencia de 1 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: vida, integridad personal, educación, garantías judiciales.

Actualmente el caso se encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

 

3.2.2.4       Camba Campos

El caso se refiere al cese de los vocales del Tribunal Constitucional y los juicios políticos llevados a cabo en contra de  algunos de estos vocales en el año 2004, impulsados por el Congreso Nacional de Ecuador, sin garantías procesales. La petición se presentó ante la CIDH el 23 de febrero de 2005 y el caso fue sometido a la Corte IDH 28 de noviembre de 2011. El Tribunal Interamericano emitió sentencia el 28 de agosto de 2013.

En la sentencia, la Corte IDH consideró respecto a los argumentos de fondo del Estado que no existió vulneración al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (igualdad ante la ley), con lo cual se demostró que no se rompió con el principio de igualdad ante la norma y que el Estado no generó discriminación alguna a los ex vocales del Tribunal Constitucional. La Corte IDH tampoco declaró violado el artículo 2 (obligación de adecuación normativa) en virtud de lo cual, el Estado logró que el Tribunal Interamericano no se pronuncie sobre la institucionalidad jurídica de la nueva Corte Constitucional del Ecuador contemplada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Además, la Corte IDH valoró los argumentos y pruebas del Estado, en materia de reparaciones, en cuanto a que las indemnizaciones únicamente podían calcularse hasta el año 2008, y no hasta el año 2013 como pretendían los abogados de las víctimas.

En sentencia de 1 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: garantías judiciales, protección judicial. Posteriormente, el 26 de junio de 2016, el Tribunal Interamericano dispuso el archivo del caso al determinar que el Estado ecuatoriano dio cumplimiento total a todos los puntos del fallo.

 

3.2.2.5       Quintana Coello

Caso relacionado a la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en el año 2004, sin un marco legal claro en cuanto a la regulación de causales y procedimientos para la separación de esos cargos, siendo violentado el debido proceso. La petición inicial se presentó a la CIDH el 30 de diciembre de 2004, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte IDH el 2 de agosto de 2011 y la sentencia fue emitida el 23 de agosto de 2013.

En la sentencia dictada el Tribunal recogió los argumentos planteados por la defensa del Estado en torno al fondo sin pronunciarse sobre vulneración al artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (principio de legalidad y de retroactividad), declaró también que el Estado no vulneró el artículo 24 (Igualdad ante la Ley) como señalaban los abogados de las víctimas en torno a una alegada discriminación a los magistrados.

Respecto de las pruebas y argumentos presentados por la Procuraduría, la Corte IDH tampoco declaró la responsabilidad internacional del Estado sobre el artículo 2  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Obligación de adecuación normativa) al declarar que el apego convencional de la norma que regulaba el funcionamiento del sistema de justicia del Ecuador (Código Orgánico de la Función Judicial), permitió además que el Ecuador cuente con una nueva institucionalidad, cuyo resultado es la actual Corte Nacional de Justicia que sustituyó a la extinta Corte Suprema de Justicia.

En relación a reparaciones ordenadas por la Corte IDH, la Procuraduría demostró que las reparaciones alegadas únicamente debían comprender el periodo 2004-2008, y no el periodo 2004-2013 como pretendían los abogados de las víctimas. Esta posición jurídica del Estado implicó que la reparación sea sustancialmente menor a la pretendida, con un consecuente ahorro en recursos públicos del presupuesto del Estado.

En sentencia de 23 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: garantías judiciales, protección judicial.

El caso se encuentra en supervisión de cumplimiento de sentencia.

 

3.2.2.6       Palma Mendoza

El caso surgió a partir del secuestro y muerte del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, producida en el año de 1997. La petición inicial se presentó ante la CIDH el 24 de septiembre de 1997, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte IDH el 24 de febrero de 2011 y en la sentencia emitida el 3 de septiembre de 2012, el Tribunal Interamericano no declaró responsabilidad internacional por parte de Ecuador.

En el proceso, la defensa de Ecuador, a cargo de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que los hechos planteados por la CIDH no eran imputables al Estado, en tanto quedó demostrado que no fueron sus agentes quienes perpetraron los delitos y que la actuación del sistema judicial ecuatoriano determinó la responsabilidad de agentes particulares y condenó, el 19 de marzo de 2001, a los autores materiales de los hechos.

La Procuraduría estableció, además, que el ordenamiento jurídico ecuatoriano sí posibilitó el acceso a un recurso efectivo para que se diera una reparación material a los familiares del señor Palma Mendoza.

La defensa del Estado también demostró que los hechos imputados en el proceso no caracterizaban una violación a los derechos humanos en los términos de la Convención Americana, y que la CIDH no podía actuar como un tribunal de cuarta instancia ni, en consecuencia, revisar lo resuelto por la justicia ecuatoriana pues al hacerlo excedió las atribuciones que le confiere la Convención.

El caso forma parte del reducido grupo de sentencias favorables a los Estados que ha emitido en toda su historia la Corte IDH.

 

3.2.2.7       Sarayaku

El caso surgió en torno a las actividades de exploración petrolera desarrollada por una empresa privada en el territorio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, a partir de un contrato suscrito en el año de 1996. Las actividades petroleras fueron desplegadas sin consulta previa a la comunidad indígena de Sarayaku. La CIDH recibió la petición inicial el 19 de diciembre de 2003, el caso fue sometido ante la Corte IDH en el año 2010 y dictó sentencia el 27 de junio de 2012.

Por invitación del Estado ecuatoriano, y como prueba para demostrar la situación real de la comunidad, los miembros de la Corte IDH realizaron una visita in situ el 21 de abril de 2012, al territorio del pueblo Sarakayu, siendo esta la primera vez en la historia que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desplazaron a un Estado para resolver un caso.

El caso se encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, y al existir algunos aspectos en controversia, particularmente el procedimiento para el retiro de la pentolita del territorio de la comunidad indígena, el Estado solicitó se realice una audiencia pública de supervisión de cumplimiento, la misma que se celebró el 2 de diciembre de 2016, en la que se explicó a la Corte IDH todos los mecanismos que el Estado ha puesto en marcha para dar total cumplimiento a la sentencia.

En la sentencia dictada el 27 de junio de 2012, el Estado fue declarado responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku.

 

3.2.2.8       Medidas provisionales del caso niñas Taromenane

La solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH a la Corte Interamericana se refirieron a hechos suscitados en el año 2013, cuando dos niñas (C y D) sobrevivieron a un supuesto enfrentamiento interétnico producido entre miembros de la nacionalidad Waorani y miembros de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Corte IDH notificó la solicitud de medidas provisionales al Estado ecuatoriano el 20 de enero de 2014 y requirió observaciones urgentes en relación a la vida e integridad personal de las mencionadas niñas.

El 25 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado presentó sólidos argumentos jurídicos e información contrastada sobre la protección integral que se había brindando a las niñas.

La PGE solicitó declarar improcedente el pedido realizado por la CIDH por no reunir los requisitos necesarios para el otorgamiento de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La solicitud de improcedencia de las medidas provisionales pedidas por la CIDH a la Corte IDH, fue acogida favorablemente por el Tribunal Interamericano y señaló que las instituciones estatales pertinentes estaban conscientes de la compleja situación que atravesaban las niñas y adoptaron medidas especiales, como la creación de un equipo de salud multidisciplinario encargado de hacer seguimiento a su salud, el desarrollo de un protocolo para la inmunización de las niñas, los protocolos y procesos creados por el Ministerio de Salud y Fiscalía General para realizar monitoreo a su estado de salud y adaptación. Por estas razones, el 31 de marzo de 2014, la Corte IDH, resolvió desestimar la solicitud de medidas provisionales interpuestas por la CIDH y disponer el archivo del expediente, declarando al caso como reservado.