Los principales códigos y leyes procesales ecuatorianos debieron adecuar sus normas de procedimiento a los principios que consagró la nueva Constitución de octubre de 2008 fundamentalmente orientados a los derechos individuales y colectivos y al ejercicio ciudadano de los mismos. Esto impuso la pronta promulgación de nuevos cuerpos normativos compatibles a esta reciente realidad. Comenzando por la propia Corte Constitucional que se vio precisada a dictar normas de procedimientos y trámites que le permitieran atender, promover y dictar resoluciones que garantizaran los derechos al buen vivir, derechos de naturaleza, entre otros. También la Asamblea Constituyente dictó mandatos cuyo objeto fue establecer el alcance de los nuevos derechos constitucionales viabilizando su ejercicio y real cumplimiento.

Con la aparición del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial en marzo de 2009 se definieron las nuevas obligaciones de los jueces, de los fiscales y de todos los operadores de justicia en el Ecuador. Al año siguiente, septiembre de 2010, se dictó la Ley Orgánica de Servicio Público estableciendo nuevas responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos en el país; en ese mismo año entraron en vigencia reformas sustanciales  a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública instaurando las nuevas reglas en toda contratación con las entidades del Estado, se publicó también el Código Orgánico de Organización Territorial Cootad; en octubre de 2011 se dictó la Ley de Control del Poder de Mercado y se creó  la Superintendencia de Control de Poder de Mercado; en junio de 2013 se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación y se creó la Superintendencia de Comunicación; para el 2014 se dictó el Código Orgánico Integral Penal estableciendo nuevos delitos en el nuevo procedimiento oral; en mayo de 2016 se impuso el proceso oral en todos los demás litigios judiciales.

Todos estos cuerpos normativos, modificaron las relaciones jurídicas entre los actores de cada una de esas materias y modificaron también los procedimientos judiciales para resolver los eventuales conflictos que tales relaciones generaban.

Frente a esto, la Procuraduría General del Estado se planteó objetivos orientados a reestructurar la gestión de la defensa de los intereses del Estado, estableció agendas con cursos de capacitación permanente a sus abogados litigantes, preparándolos para enfrentar estos nuevos tiempos;  generó un nuevo modelo de gestión en la defensa de los intereses del Estado; adecuó su sistema informático para la gestión de patrocinio con el rediseño de nuevas áreas internas con información de cada expediente judicial de los casos que maneja y continúa en la tarea de incorporar nuevos abogados litigantes  según la realidad lo exija.

Luego de estos nueve años liderando la Defensa del Estado, hemos podido fortalecer la imagen de la PGE con una defensa técnicamente sólida, con alto contenido ético y profesionalmente responsable con el país.  Hemos revertido la imagen de que el Estado no se defiende y logrado el reconocimiento de nuestra defensa con un alto porcentaje de resoluciones a favor de los intereses del Estado.

La evolución de la gestión del Patrocinio del Estado a cargo de la PGE, con cifras por año y por cada una de las materias litigiosas, las revisaremos a lo largo de este informe de gestión.

1.1 SINTESÍS DE GESTIÓN

1.1.1 SENTENCIAS FAVORABLES VS. DESFAVORABLES

Desde el año 2008,

Desde el año 2008, la Procuraduría General del Estado ha mantenido un crecimiento sostenido en las sentencias favorables a los intereses del Estado. Esta tendencia de crecimiento se mantiene, inclusive a la fecha de corte de este informe el 31 de marzo de 2017, se ha logrado un promedio general del 73% de sentencias favorables frente al 27% de sentencias desfavorables del total notificadas a la Procuraduría General del Estado; tal como lo reflejan las siguientes estadísticas:

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Durante estos 9 años de gestión, las cifras han demostrado que el patrocinio y la defensa técnica de los intereses del Estado han sido eficaces en todas las materias de litigio; es decir, en los procesos civiles, penales, laborales, acciones constitucionales, y contencioso administrativas, recayendo la mayor cantidad de sentencias favorables en las tres últimas materias.

Debemos resaltar que el número más alto de sentencias emitidas se dio en el año 2016, con un total de 9.755 sentencias, de las cuales 7.369 fueron favorables y 2.386 desfavorables a los intereses del Estado. Este incremento de sentencias se explica no solo por el nuevo impulso que desde 2008 imprime la Procuraduría General del Estado a la defensa judicial, sino también por el cambio en la legislación que orientó el litigio al sistema oral impuesto por la Constitución de la República en el 2008, la evaluación de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura y luego por la vigencia de los cuerpos normativos procesales que coadyuvaron a un sustancial incremento de sentencias.

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1.1.2. SENTENCIAS POR MATERIA

En materia Laboral en el periodo 2008 al 2011 el total de sentencias fue bastante menor comparado con los años posteriores; y de ese total en promedio las sentencias favorables fueron del 63 % frente al 37 % de sentencias desfavorables.

En el año 2012 se inicia un crecimiento exponencial en el número de sentencias favorables, que llega a su nivel más alto en el año 2016 con 2.740 sentencias favorables, que significa el 72% del total de ese año; esta tendencia se mantiene durante el primer trimestre de 2017, como lo muestra el gráfico.

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En cuanto a las Acciones Constitucionales el cuadro demuestra que a partir de 2009 hay un sustancial crecimiento de sentencias en general, y de ellas también un crecimiento en las favorables, llegando a los niveles más altos en los años 2012 con 1.929 y el año 2016 con 1.918 sentencias favorables; esta tendencia se mantiene en el primer trimestre de 2017 con 429 sentencias favorables, dando como resultado que en promedio del periodo 2008-2017, el 81% corresponde a decisiones favorables y el 19% a desfavorables, como lo muestra el gráfico.

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En materia Contencioso Administrativa, la gráfica muestra que desde el 2008 a diciembre 2012 el total de sentencias promedio fueron 579 por año, de las cuales el 55 % fue favorable frente al 45 % desfavorables; luego, en el periodo 2013 al 2016 el número de sentencias totales fue de 6.572, de ese total el 77% fueron favorables y 23 % desfavorables. Nótese que el número más alto de sentencias se dio en el año 2016 con 1.972, de las cuales 1.564 fueron favorables; lo que representa el 80%, tendencia que se mantiene aún en el primer trimestre de 2017.

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En materia penal en el periodo de 2008 al 2012 la cantidad total de sentencias fueron 236, y de ellas el promedio de sentencias favorables fue del 70 %. En el siguiente periodo 2013 al 2016 el total de sentencias se incrementó a 678, y de ese total el 76% fueron sentencias favorables. Es decir, en el segundo periodo creció el número total de sentencias y creció también el porcentaje de sentencias favorables. Por otro lado, el grafico permite observar que el punto más alto fue en el año 2016 con 140 sentencias favorables del total de ese año que fue de 191 sentencias.

Como resultado del periodo total, es decir de 2008-2017 tenemos que el 74% fueron sentencias favorables frente a un 26% de sentencias desfavorables, como lo muestra el gráfico:

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En materia civil durante el periodo 2008 al 2013 las sentencias son mayoritariamente favorables excepto en los años 2012 y 2013 que las desfavorables superan en proporción 60/40 a las favorables.

Este parcial y momentáneo crecimiento de sentencias aparentemente desfavorables en materia civil se focalizó particularmente en los juicios de prescripción adquisitiva de dominio en la jurisdicción de la Provincia del Azuay y la mayoría de los casos en el cantón Cuenca, cuyas sentencias fueron favorables a los legítimos poseedores de los inmuebles que aún no recibían la regularización catastral que debía otorgar el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, en el nuevo sector urbano en la ciudad, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial.

Una vez cumplida la regularización de los juicios civiles de prescripción adquisitiva de dominio en la jurisdicción del cantón Cuenca, los procesos concluyeron permitiendo al Municipio de Cuenca el cobro regularizado de sus impuestos sobre esos predios.

A partir del año 2014 aparece un aumento de sentencias favorables frente a las desfavorables, llegando al nivel más alto en el año 2016 con 866 sentencias favorables de un total de 1.159 sentencias. El resultado final del periodo 2008-2017 fue: 68% de favorables, 32% de desfavorables; como lo muestra el gráfico.

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RESUMEN DE LA GESTIÓN

Las cifras y los indicadores expuestos en los cuadros anteriores evidencian que en el 2008 apenas el 58% del total de las sentencias emitidas fueron favorables al Estado.  Las estadísticas también revelan que a partir de 2009 empezó un crecimiento  de sentencias favorables a los intereses del Estado; y, que en el año 2012 hubo un repunte en el total de sentencias llegando a la cifra de 6.159 total de sentencias solo en ese año, de las cuales 4.249  sentencias, es decir el 70%, fueron favorables; y a partir de ese año se generó una tendencia de crecimiento sostenido de sentencias por cada materia, como está detallado en los gráficos precedentes: En resumen, podemos afirmar  que desde el año 2008 hasta el 2016  del gran total de sentencias, el 73%  de ellas fueron  favorables  al Estado en todas las materias litigiosas.

En términos generales se concluye que durante los nueve años de gestión la tendencia de casos favorables al Estado ecuatoriano ha sido de más de 7 casos favorables de cada 10 casos resueltos por los jueces y tribunales de justicia nacional, relievándose que en los años 2014 y 2015 la proporción fue de 8 favorables de cada 10 sentencias dictadas; se resalta además que, en el año 2016 las sentencias favorables llegaron al 76% frente al 24% de desfavorables.

1.1.3 CAUSAS ACUMULADAS

Antes de la aparición del proceso oral, uno de los principales vicios de los que adolecía el procedimiento judicial escrito consistía en la desmedida prolongación de los plazos y términos judiciales en los que incurría en la práctica cada etapa o fase de los procesos judiciales, pese a que la ley determinaba tiempos cortos de conclusión procesal, pero que en la realidad no se cumplían, existiendo procesos judiciales que se prolongaban en muchos años.

Esta realidad también se reflejó en la información de procesos judiciales activos que se manejaron en la Dirección Nacional de Patrocinio de  la PGE, por lo que se hizo imprescindible afrontar esta problemática  asignándole  a un equipo de abogados la tarea específica de detectar en las secretarías y archivos de los juzgados y tribunales de la justicia ecuatoriana los expedientes que contenían procesos judiciales abandonados, y luego solicitar por escrito su declaratoria judicial de abandono y consecuentemente su  terminación como litigio judicial.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE desarrolló paralelamente en su sistema informático un proceso de depuración de casos aparentemente activos, aunque sin movimiento procesal que concluyó en diciembre de 2014.

Como resultado final se logró reducir el total de las causas acumuladas que en el año 2013 llegaban a 124.650, y que para diciembre de 2014 llegó a 88.040.

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1.1.4 CAUSAS NUEVAS

Desde el año 2008 al 2015, se evidencia un crecimiento importante y muy significativo de causas nuevas por año, llegando a los niveles más altos en los años 2012 con 16.203; y, en el año 2015 con 16.498 causas nuevas.

Este incremento está íntimamente relacionado a la presencia de la nueva Constitución a partir de octubre de 2008 comprobándose que las materias que aportaron a este crecimiento son particularmente  las demandas constitucionales  que de 1.656 en el 2008 tuvieron un crecimiento constante hasta llegar a 3.686 en el 2016; igual cosa tenemos con la materia laboral que pasó de 2.659 en el 2008 a 3.746 en el 2015, también contribuyeron a ese crecimiento las demandas contencioso administrativas que de 2.362 en el 2008 se elevaron a 4.214 en el 2015.

Todo este gran número de demandas nuevas inició su declive con la puesta en vigencia del juicio oral y la presencia del Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014, fecha en que las causas nuevas penales bajaron drásticamente de 1.489 en diciembre de 2013 a 947 en el 2014; a 909 en el 2015, a 837 en el 2016 y 160 en los tres primeros meses de 2017.

El aumento de causas nuevas para materias no penales también tuvo su punto de quiebre con la presencia del Código Orgánico General de Procesos publicado en el R.O. 506 de 22 de mayo de 2015 y con su plena vigencia desde 23 de mayo de 2016 en que las demandas en materias civil, contencioso administrativo, laboral y tributario tuvieron un declive de la siguiente forma: En lo contencioso administrativo entre enero y mayo de 2016 se presentaron 398 nuevas demandas, mientras que entre junio y diciembre de ese año fueron 264 causas nuevas. En demandas civiles de enero a mayo de 2016 las nuevas causas llegaron a 417 y de junio a diciembre del mismo año fueron 119 demandas. En materia laboral de enero a mayo de 2016 las causas nuevas llegaron a 222, reduciéndose a 143 de junio a diciembre del mismo año.

Las cifras de junio a diciembre de 2016 revelan una disminución de las causas nuevas, tendencia que se mantiene en los primeros meses de 2017.

Las estadísticas evidencian que los procedimientos orales cumplen el doble propósito de convertir la justicia en más ágil y efectiva, al mismo tiempo que desestimula la presentación de demandas frívolas y sin sustento.

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1.1.5 NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE PATROCINIO NACIONAL EN LOS PROCESOS ORALES

A partir de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado ante los nuevos retos que representaba el sistema procesal oral implantado, primero en materias penales con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014 y segundo con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos desde el 22 de mayo de 2016, desarrolló un esquema  para la elaboración y ejecución de un nuevo Modelo de Gestión de Patrocinio Nacional en los Procesos Orales, cuyos lineamientos fundamentales están dirigidos  a la nueva actuación en las audiencias, a establecer las prioridades de cada caso en el trabajo del equipo de abogados, buscando la permanente coordinación con las instituciones del Estado demandadas,  identificando y  preparando los elementos probatorios necesarios para las demandas o para la contestación en juicio y particularmente para el desarrollo de la prueba  en Audiencia de juicio, cumpliendo siempre las exigencias de fondo y de forma del litigio oral.

El nuevo modelo de gestión obliga a una mayor coordinación entre el equipo de abogados de la Procuraduría General del Estado y los equipos de patrocinio de cada institución.

Este nuevo modelo de gestión de la defensa de los intereses del Estado significó un importante esfuerzo para cambiar la mentalidad de abogados de todo tipo de instituciones cuya alta rotación y poca costumbre de coordinación interinstitucional los llevaba a actuaciones individualistas que era necesario superar. Como cualquier cambio importante, las dificultades se fueron superando en base a la decisión y constancia.

Actualmente el nivel de coordinación y cooperación nos ha permitido atender los nuevos desafíos procesales en forma óptima y oportuna.